Cuentas corrientes en cero y embargo de bienes. Así, de forma sorpresiva muchas personas vieron cómo la actual administración del país decidió cobrar las deudas originadas por el no pago del CAE: Crédito con aval del Estado. Una acción extrema efectuada sin orden judicial mediante. El fin justifica los medios.
Por: Ignacio Paz Palma
El gobierno fue claro: inicialmente irán tras 1.800 morosos con sueldos que superan los $3.500.000. El asunto es que varios quienes fueron objeto de estas intervenciones acusan no tener salarios tan altos.
En cuanto al embargo de bienes, la Tesorería Regional de la República, transparentó que se han efectuado en una región del norte y dos del sur: “El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales”, comunicaron desde la entidad.
Ese es el contexto del hecho. Pero acá hay dos líneas de análisis que es necesario abordar. Cuando un estudiante o familia accede al CAE, conoce las condiciones, hay un contrato que pone en perspectiva lo que deberá afrontar.
La firma del documento le ayuda a acceder a la educación superior y le obliga a cumplir el pago en algún momento. En ese entendido existe un 60% de profesionales que sí han cancelado o pagan constantemente las cuotas, con el esfuerzo que eso conlleva, porque entienden que los compromisos hay que concretarlos. Por otra parte, hay un 40% que no lo paga. Sea porque las condiciones económicas no se lo permiten o simplemente por desidia e irresponsabilidad frente al compromiso. Esa es una línea.
La otra, son las acciones que este gobierno determinó para esa recuperación de recursos fiscales. Sí, se les informó a los deudores con debida anticipación, pero en ocasiones la propuesta simplemente era inviable, como pagar un pie de $1.500.000 o cuotas de $500.000.
Esto es una advertencia para todos los deudores, que independiente de cuanto ganen mensualmente, les están diciendo “iremos por ustedes. Si no cumplen, pagarán las consecuencias”.
Para muchos fue imposible, entonces, sin más, se optó por el embargo y dejarlos en cero, afectando el presupuesto familiar o personal y al acceso a los bienes básicos para subsistir.
El fondo es correcto: obligarlos a pagar una deuda. Pero la forma, resulta al menos, siniestra.
Y eso es solo un inicio. Porque hagamos el ejercicio de ir más allá del hecho mismo. Esto es una advertencia para todos los deudores, que independiente de cuanto ganen mensualmente, les están diciendo “iremos por ustedes. Si no cumplen, pagarán las consecuencias”.
Ese el fondo del mensaje, que, al parecer, no importa que se vulneren las condiciones mínimas que permitan llegar a fin de mes.
Acá se cruzan, además, situaciones políticas complejas. En la misma semana la derecha se negó – una vez más – a levantar el secreto bancario que entregaría una herramienta más para hacer seguimiento a los dineros del crimen organizado. Asimismo, se presiona hacia una reforma que baja los impuestos a los millonarios y grandes empresas a la vez que se hacen recortes brutales en salud, educación, cultura y otras áreas sensibles en lo social.
Expertos ya tildan la situación de inmoral y clasista, al apretar los bolsillos del ciudadano común y corriente bajo este concepto de la “reconstrucción nacional”.
Volviendo al CAE, también convengamos que hay 32.000 morosos que sí suscribieron la propuesta de la Tesorería y siguen el curso regular. De todas maneras, dentro del mismo oficialismo hay voces críticas que piden prudencia al ejecutivo ante acciones extremas como las ya mencionadas.
Entonces, si el propio sector se da cuenta del impacto negativo de las medidas es porque efectivamente carece de una planificación que proyecte una salida conveniente para todas las partes.
Es lo que el Estado debiera procurar: el bienestar de los ciudadanos y no precarizar una vida que los últimos meses ya se hizo cuesta arriba.
