Solo a pocos días de comenzar el nuevo año ya tenemos material para otro capítulo de esta serie llamada Chile. Se supo que el gobierno compraría las viviendas de los ex presidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, cuyo contrato de compra y venta se firmó el 31 de diciembre.
Por Ignacio Paz Palma. Periodista.
De acuerdo a lo que explicó la ministra (S) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, en Radio Duna, el objetivo era parte de un ejercicio de conservación patrimonial y que por su valor histórico se transformarían en casas museo. Hasta ahí, en términos de intenciones, todo bien… pero ¿acaso nuestras autoridades no conocen las normativas al respecto?
La oposición encendió la alerta inmediatamente y por cierto con toda razón. Lo primero es que la ex vivienda del pdte Allende, hoy pertenece a su nieta, la ministra de Defensa Maya Fernández. La compra, que inicialmente fue aprobada por la Contraloría, sería por un monto que supera los 930 millones de pesos.
¿Cuál es el problema? Que una autoridad del Estado no puede hacer negocios con el Estado. Así, de manera muy simple y directa se puede explicar. Pero veamos qué dice la Constitución:
“Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
La situación la pudieron prever y evitar hace meses, pero finalmente se convirtió en una chambonada de marca mayor, una más de este gobierno que lamentablemente se acostumbró al actuar desprolijo.
Ante las críticas y la contundencia de la mala gestión administrativa, Etcheverry se llenó de argumentos para finalmente informar que no se ejecutará la compra y venta, mientras tanto, le costaba el puesto a la ahora ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por su responsabilidad política en la firma de la escritura en la notaría.
La situación la pudieron prever y evitar hace meses, pero finalmente se convirtió en una chambonada de marca mayor, una más de este gobierno que lamentablemente se acostumbró al actuar desprolijo.
¿Ignorancia o mala fe?
No deja de ser complicado interpretar y calificar lo que acá sucedió. Considerando que tanto Maya Fernández como Isabel Allende tienen extensa experiencia en la política, es difícil creer que desconocían que senadores y diputados que participen de estos negocios deberán cesar inmediatamente en su cargo. Así, tal cual, lo estipula la carta magna y esto puede traer coletazos para la senadora Allende. La oposición ya la tiene en la mira, como no.
Con lo mal considerada que está la clase política se puede pensar en que simplemente quisieron pasar por alto y sacar provecho económico en una oportunidad comercial, sin embargo, ese es el camino más simple. Acusar sin una indagación exhaustiva no es el camino.
Pero por otra parte ¿hasta cuándo este gobierno de principiantes seguirá comportándose como tal? Errores tras errores, desde aquella lejana visita a la Araucanía de la ex ministra Siches que como un ser de luz pensó que podía solucionar los conflictos con una sonrisa y ánimo de dialogar, hasta hoy, con la ministra Fernández envuelta en un enredo multimillonario por una torpeza, ignoracia o viveza, eso lo dirá el tiempo.
Lo que no podemos hacer, como ciudadanos, es tomar palco frente a tantas impurezas de gestión política, porque el Estado, no es un lugar para hacer la práctica en gobernanza ni menos para pasar 4 años aprendiendo de los errores.
Lamentablemente el chiste se cuenta solo.
