Capítulo lll – Reincidencia:

Cifras de la Fiscalía Nacional indican que son 252 mujeres condenadas más de una vez por microtráfico en la Región Metropolitana entre el año 2015 y 2020. Para Irene Rodríguez, Jueza del 8°Juzgado de Garantía, esta situación responde a que “es más fácil vender droga que trabajar, porque para trabajar tienes que salir de la casa, dejar a tus hijos y con los ingresos mínimos de 350 mil pesos, (finalmente) es plata fácil”.

Por su parte, datos de la Corporación Abriendo Puertas, concluyen que las mujeres del penal cargan con una complejidad mayor: la sentencia, ser madres, vivir en la cárcel y la dificultad para reinsertarse laboralmente, tienen en promedio 3 hijos viviendo con ellas antes de ser detenidas.

Por: Valentina Alfaro Lizama, Savka Oyarzún Luman y Javiera Pérez Morales.

Silvia Vásquez, fue condenada a 12 años de prisión, mira con franqueza su pasado: “Yo las veces que salí seguía traficando a pesar de todo lo que había aprendido”.

La evolución de la población femenina condenada en Chile da cuenta que entre un 6% y un 7% son mujeres que cumplen condena. Ellas están recluidas en establecimientos penitenciarios que se encuentran distribuidos a lo largo del país, pero principalmente en los cinco Centros Penitenciarios Femeninos (CPF) que albergan a casi el 40% de la población femenina.

Después de la promulgación de la Ley Nº 20.000, se presentó un aumento considerable de mujeres condenadas por este delito desde el año 2005 en adelante, la mayoría de las privadas de libertad son jefas de hogar y obtenían sus ingresos mediante el microtráfico de drogas.

El proyecto 787 Anónimas visibiliza la realidad de las mujeres privadas de libertad por microtráfico (delito simple) en Chile. En su análisis de datos explican que desde antes de la promulgación de la ley 20.000, la legislación chilena ya presentaba un incremento de privadas de libertad de un 37% que después generó un aumento desproporcionado de condenadas de un 70%.

De acuerdo con la información sacada del Sistema de Internos de Gendarmería, la cantidad de delitos por los que hoy se encuentran recluidas las mujeres van de 1 a 8 delitos, es por esto, que casi el 60% de las reclusas se encuentran cumpliendo condena por cometer solo un delito, seguido un 24% que cometió dos delitos, el 16% restante se distribuye entre aquellas mujeres que cumplen condena por 3 o más delitos, lo que las cataloga como reincidentes.

Cifras de la Fiscalía Nacional indican que son 252 mujeres condenadas más de una vez por microtráfico en la Región Metropolitana entre el año 2015 y 2020.

Silvia Vásquez después de separarse de su marido por violencia intrafamiliar, quedó al cargo de sus tres hijas. Estuvo trabajando en la Clínica Indisa y luego vendiendo almuerzos a profesores de un colegio ubicado en Lo Sierra, al final de una población, sin embargo, eso no alcanzaba para mantener su hogar.  “Me cortaban la luz o me cortaban el agua, nunca pude tener un teléfono porque en realidad mantener una casa es difícil y más sin estudios donde llegué hasta 1º medio”.

La reincidencia en las infracciones al menos de microtráfico de drogas y estupefacientes es la principal causa por la cual estas mujeres no pueden continuar con un proceso de reinserción de manera adecuada y lineal. “Yo estuve 4 veces condenada, siempre volvía a caer en lo mismo, lo volvía hacer por necesidad, ahora (después de cuatro condenas) realmente estoy reinsertada en lo social”, declara Silvia Vásquez.

“Yo creo que vuelven a reincidir porque es más fácil vender droga que trabajar, porque para trabajar tienes que salir de la casa, dejar a tus hijos y con los ingresos mínimos de 350 mil pesos, (finalmente) es plata fácil”, explica Irene Rodríguez, Jueza del 8°Juzgado de Garantía.

Las mujeres del penal cargan con una mochila de condenas mucho más pesadas, la sentencia, ser madres, vivir en la cárcel y la dificultad para reinsertarse laboralmente. Cabe señalar que según datos de la Corporación Abriendo Puertas, las privadas de libertad tienen en promedio 3 hijos viviendo con ellas antes de ser detenidas.

Por otro lado, según la Corporación Abriendo Puertas, el 50% del CPF de Santiago son reincidentes, esto último, se convierte en un obstáculo, debido a que el juez puede subir un grado a la condena siendo mucho más difícil acceder a una pena sustitutiva según la Ley 20.000.

“La ley de Pena Sustitutiva dice que no se puede estar por segunda vez condenado por el mismo delito (narcotráfico o microtráfico)”, comenta Irene Rodríguez, jueza del 8°Juzgado de Garantía.

Sin embargo, si una persona es condenada dos veces por robo por sorpresa puede acceder a pena sustitutiva en ambas ocasiones. “Existen mayores exigencias (condenados por ley 20.000) pero esto también puede ser discriminatorio” según explica la jueza.

“¿Por qué nos cierran tantos las puertas? ¡abrieron las condis y se van 80 hombres y de acá 5 mujeres. Darnos más facilidad para poder irnos!”, reclama Blanca Guzmán.

La psicóloga Paula Medina explica que el sistema penal es selectivo, más allá de este ideal de igualdad ante la ley, “persigue acusa y condena a unos grupos más que a otros, algunos perfiles de personas más que a otros, por eso no es raro encontrar que nuestras cárceles la mayor parte de las personas condenadas son de estrato socioeconómico muy bajo”.

Para esta situación queda en evidencia que tener y mantener una red de apoyo sólida, constructiva e integrativa es esencial para una correcta reinserción, abandonando los círculos que detonan el delito.

La integración como factor social y laboral de las personas que han pasado por condenas privativas de libertad se presenta hoy como un desafío grande, este debe ser un derecho al cual deben acceder todas las mujeres en un contexto libre de discriminación, violencia tanto sistemática como de género, digna y justa.

“Cuando sale se vuelve más grave porque retorna a su entorno, con su familia en el mismo barrio y con menos posibilidad de conseguir trabajo porque ahora tiene antecedentes, entonces se va replicando la situación, regresando al delito”, comenta Loreto Martin, trabajadora social y directora ejecutiva de Corporación Abriendo Puertas.

Mirada similar tiene Medina, la psicóloga considera que “muchas veces van a volver con el estigma de haber pasado por la cárcel y haber sido condenada por delitos lo que en sí mismo cierra las puertas e implica toda una manera en que las otras personas la van a ver y pensarán cómo se van a relacionar con esta persona”.

Las políticas actuales que hablan sobre la Reinserción Social aseguran que la educación sería uno de los puntos fundamentales para una correcta inclusión, además se maneja información sobre que esto sería un compromiso que se va a proveer durante la reclusión y el cumplimiento de condena.

“La RE inserción Social en Chile de Personas que han estado privadas de libertad y la Educación en Contexto de Encierro; Una Panorámica de exclusión”, es un artículo académico de la UMCE, que plantea   que el sistema educativo chileno presenta rasgos que contribuye a la deserción escolar de los grupos que se encuentran marginados socialmente, en este caso las mujeres encarceladas, provocando que durante su desarrollo se vulnerara su derecho al acceso y permanencia educativa.

El artículo 18 de la Ley 20603 que modifica la ley 18216 establece que el Estado, a través de los organismos pertinentes, fomentará y promoverá la formación educacional a personas con penas sustitutivas de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva con la finalidad de reinsertar a las personas laboralmente, además de un delegado designado que lo asesore en las áreas de salud mental, educación, familia y empleo.

“Cuando sale se vuelve más grave porque retorna a su entorno, con su familia en el mismo barrio y con menos posibilidad de conseguir trabajo porque ahora tiene antecedentes, entonces se va replicando la situación, regresando al delito”, comenta Loreto Martin, trabajadora social y directora ejecutiva de Corporación Abriendo Puertas.

Sin embargo, las internas del CPF, explican que la escuela del penal, no les brinda mayor oportunidad de conocimiento. Carolina Calderón señala que se les enseña sumar y que son ejercicios de primero básico como “2+2”.

Por otra parte, el presupuesto destinado al Ministerio de Justicia para 2021 es de $1.350.709 millones, presentando una baja de 2,4% respecto a lo aprobado en el año 2020, según el informe de la Ley de Presupuestos 2020.

Los presupuestos destinados a Gendarmería de Chile fueron de 478.708.657, esto fue dividido en tres ejes: Operación de cárceles tradicionales ($ 435.189.206), Programas de Rehabilitación y Reinserción Social ($ 36.684.209) e Inversiones en cárceles ($ 525.068).

Cuando se discute sobre las expectativas de los programas educativos en las cárceles, es fundamental pensarlo en un ambiente de desarrollo positivo, sin embargo, las condiciones son diametralmente opuestas, pues las iniciativas se enfrentan a una infraestructura que vulnera los derechos humanos. Existe hacinamiento y en algunos casos extremos un precario acceso a servicios básicos como alimentación, higiene y salud.

Paula Zúñiga Correa, asegura que el sistema educativo es muy precario y más dentro de una cárcel, el objetivo que tienen es muy distinto al que plantea la educación, con paradigmas distintos, donde se genera la validación de la violencia y castigo, “Gendarmería tiene como rol el control y eso se encuentra naturalizado, para ellos no hay otra forma”.

Es por esto que las mujeres con más exposición a la falta de educación desde la niñez son quienes presentan mayor riesgo frente al delito, esto sin duda desencadena en ellas conductas delictivas.

El doble propósito que tienen como institución para custodiar y educar a las personas privadas de libertad, crea un cuestionamiento acerca de la viabilidad de acciones de trabajo tan opuestas.

Además, la reincidencia tiene una relación directa con la experiencia carcelaria debido a sus condiciones adversas donde las personas presentan daño social, educacional y psicosocial, donde la mayoría no saldrá con un mejor nivel educacional ni con herramientas concretas para desenvolverse en un trabajo.

“En la mayoría de los casos no cuentan con apoyo de haber recuperado estudios o de haber sido capacitadas en un oficio entonces lo más probable es que ella salga ni siquiera igual, sino que peor de como entró”, comenta Paula Medina.

La psicóloga agrega que los privados de libertad son excluidos de diversos derechos entre ellos, el derecho a voto, por tanto, no son ciudadanos en términos legales y en términos cotidianos de trato, ese es un golpe a su autoestima sistemático muy importante.

Pero ¿Qué persigue la Política de Reinserción Social de Personas Privadas de Libertad en Chile?

La reinserción social en Chile se entiende como “la plena integración a la sociedad de una persona que ha infringido la ley”, esto según el Comité Reinserción Social. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en el año 2017 sostuvo que esto se refiere a la necesidad de responder desde los ejes fundamentales considerando lo psicosocial, educacional y laboral.

Según los datos revelados por el estudio Los Verdaderos Sueldos de Chile que realizó la Fundación Sol en el año 2019, dio cuenta que en promedio la brecha entre hombres y mujeres es de $197.263 mensuales. En este sentido y para expresar de manera más sencilla que las mujeres ganan un 28,1% menos que los hombres.

Además, el estudio demuestra que el  50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $401.000 y 2 de cada 3 trabajadores reciben menos de $550.000 líquidos. Precisamente, sólo un 19,4% gana más de $800.000 líquidos. El 84,8 % de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $800 mil líquidos.

“Porque un jefe de hogar cuando saca cuentas le da más alto la venta de droga que un trabajo en el que va a ganar 360.000 pesos porque también hay incorporado en ellos una cultura del consumismo tus vales por lo que puedes adquirir no importa a qué precio (…) En ese sentido el desafío es grande”, señala la académica Paula Zúñiga.

Resulta fundamental dar a conocer estas realidades, donde el Estado debiera tener un rol más activo en la promoción de los derechos de las reclusas, además de garantizar a las mujeres el acceso a la información y pleno ejercicio de ellos.

Proyección de estrategias de inserción

La Organización de Estados Americanos (OEA), señala en el informe de Política Pública de Reinserción Social del año 2017 que entregó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a la Subsecretaría de Justicia, que los Estados deben cumplir con tres términos para así poder implementar estrategias exitosas de reinserción social y laboral.

Primero un marco jurídico que lo permita, segundo, una institucionalidad adecuada y por último, una política penitenciaria en rehabilitación, reinserción social y laboral, que realmente cuente con estructura física, considerando todos los recursos logísticos y humanos especializados en monitorear y registrar los resultados y avances.

En la realidad estudiada en el CPF de Santiago, no es posible identificar las estrategias anteriormente declaradas en el informe, siendo insuficientes en la instalación de las cárceles, lo que obstaculiza la reinserción social y laboral de manera adecuada. Existe, también, una falta de comprensión que no considera que el abandono del delito es un proceso que muchas veces se complica en el camino y demora.

Aunque la política pública de reinserción tiene una discursividad fundada en el camino de la reeducación y enfoque de derechos humanos, esta no es comprendida en la práctica, acentuándose en la infraestructura y calidad de vida penitenciaria. Las políticas dirigidas hacia la mujer deben contemplar alternativas más viables para instalar estos procesos de reinserción, identificando con ellos los factores de riesgo.

Resulta fundamental dar a conocer estas realidades, donde el Estado debiera tener un rol más activo en la promoción de los derechos de las reclusas, además de garantizar a las mujeres el acceso a la información y pleno ejercicio de ellos.

Las mujeres que están y estuvieron privadas de libertad por cometer delitos ligados al microtráfico, en su mayoría, poseen una historia de vida con experiencias traumáticas, violencia y exclusión socioeducativa, donde la reinserción muchas veces no contempla ni reconoce la diversidad sociocultural y económica que ellas presentaron desde su niñez, por lo que existen altas probabilidades de cometer prácticas delictivas según como su entorno se lo facilite.

Respecto a las ayudas y capacitaciones, en general no contemplan un tiempo prolongado, tienen un término y es ahí donde surge la necesidad por parte de las organizaciones que se evalúe la situación personal de cada mujer y determinar cuánto tiempo es el estimado para cada una.

Dentro de esta realidad es importante no caer en la victimización de personas que cometieron delitos, ya sea por su situación económica o escolaridad, sin embargo, para su correcta inserción tanto social como laboral, se necesitan políticas públicas con perspectiva de género para mujeres privadas de libertad.

Paula Zúñiga Correa, especialista en criminalística señala: “La población penal ha vivido toda su vida en el flagelo de la violencia, asumen que eso es así, es más, uno no se logra explicar cómo salen y vuelven si lo pasan tan mal adentro, asumen que son malos y le hacen daño a la sociedad”. Zúñiga se queda pensando un momento y agrega que “lo que más me sorprende es que nosotros que estamos en el medio libre no hacemos nada”.

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La Calle