“Estamos en un país racista, clasista y xenofóbico”

 

En Chile, la migración no ha sido prioridad en las políticas públicas en los gobiernos, tampoco en la Constitución. Según la socióloga Isabel Bravo, el tema sufrió un abandono debido a que en la Carta Magna nunca se logró abarcar en su totalidad. La profesional indica que esta situación “se debe a un obsoletismo de la propia Constitución, ya que nunca se pensó que el ciudadano iba a ser del mundo, hecho que explica el vacío legislativo”.

Respecto a las políticas públicas, es importante destacar que, en julio del 2023, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, junto con el Servicio Nacional de Migraciones, comenzó a aplicar la primera Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME). Esta tiene como objetivo -según lo que explica el SERMIG- promover de manera ordenada, segura y regular la migración, considerándola como un aporte al país.

 

Por: Javier Ignacio Castillo Messenger, Lorena Isabel Moraga Rojas, Marlene Alexandra Salgado Montecinos.

Dirección y edición: Ignacio Paz Palma.

 

Nicolás Torrealba, jefe de gabinete del SERMIG, explica que “han sido necesarias algunas modificaciones a la ley, ya que es normal que, en una tan extensa, queden vacíos o aspectos que sean necesarios corregir”.

La política nacional consta de diez ejes temáticos y 28 medidas de aplicación inmediata, además de varios proyectos que buscan reformar la Ley de Migración y Extranjería. Algunas medidas de aplicación inmediata constan de un empadronamiento biométrico; un comité que busca materializar las expulsiones; planes de fortalecimiento de capacidades locales y regionales para municipios donde se ha visto incremento migrante, entre otros.

Respecto al empadronamiento biométrico, según la definición del SERMIG, es un registro nacional dirigido a personas extranjeras de 18 años en adelante residentes en el país, que hayan ingresado hasta el 30 de mayo por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio.

Tal como se indica en la nueva política migratoria, el gobierno instaló 75 puestos de tomas de datos en las regiones, además de diez módulos móviles e implementación de tecnología para que el registro sea más eficiente. Este proceso se desarrolló entre el 15 de junio y el 6 de octubre de 2023.

Este punto en particular lo cuestiona y desaprueba la politóloga Yinibia Castillo, ya que deja afuera a todos los ciudadanos migrantes que entren por pasos no habilitados después de la fecha estipulada: “hay que cambiar esta ley que acaban de aprobar, que básicamente imposibilita que cualquier persona que haya entrado por pasos no habilitados, luego pueda regularizarse en el país. Es absurdo, básicamente las están poniendo en las manos de los coyotes”.

La politóloga explica que los coyotes son “agencias de viaje”, los cuales se encargan de llevar a los ciudadanos migrantes a diferentes países por pasos irregulares, haciéndolos cruzar de diferentes formas las fronteras.

También expone que actualmente hay muchos migrantes que tienen más de tres años esperando la aprobación de procesos que, supuestamente, sólo deberían tardar seis meses. Esto, según su experiencia, significa que varios no pueden adquirir un trabajo o arrendar un espacio a un precio y condiciones aceptables, tampoco pueden acudir a los centros de salud a pesar de que la ley los protege: “cuando uno no tiene un carnet, esto termina permeando en todos los aspectos de la vida”.

Un ejemplo de esta situación es el caso de Ricardo Ortega, ciudadano venezolano que llegó a Chile hace dos años por pasos no habilitados, quien considera que el proceso de empadronamiento está bien, ya que se podrá registrar en el país. Sin embargo, siente que no les entregan ningún tipo de orientación:

“No nos dicen qué tenemos que hacer, o cuales son los requisitos, o los pasos a seguir. Solo dicen vamos a hacer un empadronamiento para hacer un registro de los migrantes que están en el país y más nada, pero después de ese paso ¿Qué viene? ¿nos van a dejar, nos van a sacar?” reflexiona.

También expresa que siente ilusión debido a las noticias que escucha, cree que va a tener nuevas oportunidades, sabe que no va a ser fácil, pero espera ser un ciudadano regular pronto, ya que el proceso de empadronamiento lo comenzó hace alrededor de medio año. Ahora lo que tiene que hacer es presentarse cada tres meses hasta que le informen que no tiene que ir más.

 

 

 

 

Ortega se ilusiona con una nueva legalización, “todavía no se sabe si va a ser así o no, pero eso es lo que se comenta y los que tengan arraigo acá en Chile o que tengan familiares como papá, mamá, esposa o hijos, van a tener la posibilidad de legalizarse acá”.

En cuanto a iniciativas legales de la política nacional, se busca considerar las causales de expulsión y la prohibición de ingreso a aquellos extranjeros que se hayan visto relacionados en problemáticas de seguridad interior y exterior. Además, se incluyó como delito grave la violencia intrafamiliar como motivo de ingreso, prohibición y expulsión.

Sobre este punto, el jefe de gabinete del SERMIG, establece que existen algunas dificultades para poder lograr estos objetivos, como las presupuestarias. Además, la fiscalización y la materialización de las medidas de expulsiones también representan desafíos que se comparten con la Policía de Investigaciones (PDI), las cuales también tienen sus problemas: “son pocos policías para la gran cantidad de personas que están de forma irregular”.

Otro punto abarcado por la política migratoria, en materia de irregularidad, es el enfrentamiento contra el combate de redes de tráfico y trata de personas. Además, no habrán procesos masivos de regularización y se otorgarán residencias solo a personas que estén asociadas con contratos y/o ofertas de trabajos con ramas de difícil cobertura y con escasez laboral.

Ricardo Ortega se encuentra en ese proceso. Explica que antes los empleadores no podían dar trabajo si no se estaba de manera regular. Sin embargo, ahora sí pueden contratar si es que el trabajador está irregular, pero hay que inscribirse en Fonasa para tener un Rut provisorio: “con ese Rut te van a dar un certificado de contrato provisorio para que vayas a la AFP y te puedas inscribir, y con ese Rut te dan el contrato de trabajo. Si sale todo bien, ya estaría cotizando, por lo que si llega a salir la regularización podría postular para quedarme legalmente acá”.

Además, Nicolás Torrealba, reconoce que están atrasados con las solicitudes de residencia, esto, según explica, se debe a que se arrastran desde administraciones anteriores: “hemos tenido que hacernos cargo de más de 500 mil permisos de residencia que estaban en tramitación que no habían sido resueltos, con promedios de respuestas de tres años de trámites de residencia definitiva, con personas que tenían incertezas sobre su futuro en el país”.

Con relación a lo expresado por Torrealba, el equipo periodístico de esta investigación gestionó en múltiples ocasiones entrevistar al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, para conocer su punto de vista sobre el atraso de los permisos y, junto con eso, profundizar en una evaluación del impacto y las consecuencias de las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera al invitar a migrantes venezolanos y refugiados afganos a Chile. Sin embargo, sus asesores negaron de manera reiterada una reunión personal u otra forma de comunicación para obtener su perspectiva de estos temas.

El jefe de gabinete del SERMIG, también enfatiza que como gobierno han hecho un gran esfuerzo por tratar seria y adecuadamente la situación migratoria, sin ningún tipo de llamado ni para atraer o expulsar gente, exceptuando casos que atenten con la seguridad nacional: “se ha procurado respetar la dignidad de las personas en todos los procesos, desde la recepción, la tramitación de sus permisos y cuando corresponde expulsarlas por infracciones a la ley migratoria o alguna infracción penal”.

Sin embargo, el 30 de noviembre del 2023, el presidente Gabriel Boric durante una actividad, en la que entregó vehículos a Carabineros, realizó un comunicado público en el que se refirió a la delincuencia en el país, haciendo una relación directa con los migrantes.

El mandatario, junto a la ministra Carolina Tohá y el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez, entregaron detalles de la estrategia del Plan Calle sin Violencia. Explicaron que las medidas fueron trabajadas en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones y que el plan piloto se realizará en la Región Metropolitana.

En el discurso informaron los ejes del Programa de Control Territorial Focalizado, el cual busca frenar los delitos violentos con intervenciones como el control territorial: “los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en cinco días. Y los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aun cuando no cuenten con una orden de detención en su contra se les dictará el decreto de expulsión”, enfatiza el presidente.

Después de estas declaraciones, los temores de Ricardo Ortega toman fuerza. De acuerdo a las nuevas medidas se espera entonces la expulsión de varios ciudadanos migrantes, pero, cabe destacar que él no se encuentra en esta “lista”, ya a pesar de no ser un ciudadano regular está haciendo las gestiones para poder serlo, por lo que no tendría que ser expulsado del país, según las declaraciones del gobierno.

Frente a este nuevo escenario es válido preguntar: ¿Qué sucederá con los ciudadanos extranjeros irregulares que están en proceso de tramitación?

Las gestiones que hoy se ven para regularizar el fenómeno migratorio no son los únicos esfuerzos gubernamentales. Según el artículo “Representación visual de las mujeres migrantes en la prensa nacional chilena” de Anna Ivanova y Lucero Paz Burón, publicado el 2023 por la revista Migraciones Internacionales, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), se emitieron instructivos presidenciales considerando la migración como un fenómeno multidimensional, el cual tenía que ser abordado por los diferentes servicios públicos.

La exmandataria intentó impulsar un proyecto de ley de migraciones, donde estableció como objetivo la regularización y el evitar abusos tanto de extranjeros como chilenos. Definió la migración irregular como “la causa de vulneración de derechos y la precariedad del cumplimiento de los deberes con el reconocimiento de derechos de los migrantes”.

 

 

Tal como se indica en la nueva política migratoria, el gobierno instaló 75 puestos de tomas de datos en las regiones, además de diez módulos móviles e implementación de tecnología para que el registro sea más eficiente. Este proceso se desarrolló entre el 15 de junio y el 6 de octubre de 2023.

Este punto en particular lo cuestiona y desaprueba la politóloga Yinibia Castillo, ya que deja afuera a todos los ciudadanos migrantes que entren por pasos no habilitados después de la fecha estipulada: “hay que cambiar esta ley que acaban de aprobar, que básicamente imposibilita que cualquier persona que haya entrado por pasos no habilitados, luego pueda regularizarse en el país. Es absurdo, básicamente las están poniendo en las manos de los coyotes”.

 

 

El proyecto consideraba la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, el cual se enfocaba en un sistema de principios, derechos y deberes; la regulación del ingreso, salida y las categorías migratorias, es decir, tipos de residencia o permanencia a los que podrían optar los ciudadanos migrantes; un procedimiento administrativo sancionatorio y un sistema nacional de política migratoria para evitar que las personas fueran víctimas de tráfico o trata. También, establecía un catálogo de obligaciones y deberes de los ciudadanos extranjeros; prohibiciones de ingreso, entre otros.

Ese mismo año fue rechazado por la Comisión del Gobierno del Interior. Al respecto, según enfatiza el artículo de EMOL “Ley de Migraciones: Uno de los grandes “pendientes” del Gobierno de Bachelet” publicado el 20 de febrero del 2018, varias organizaciones a favor de la migración indicaron que era un proyecto “insuficiente e incoherente” y fabricado “entre cuatro paredes”.

Luego, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2021), el foco estuvo en temas de seguridad, regularidad y control. El exmandatario realizó decretos presidenciales que influyeron y modificaron las formas de acceso y permanencia por parte de los ciudadanos migrantes al país.

El 20 de abril de 2021, promulgaron la ley 21.325 de Migración y Extranjería (reemplazando la de 1975) la cual tiene como objetivo “regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes”. También, busca conjugar de manera equilibrada una política de fronteras abiertas, con personas que lleguen al país a ser un aporte.

Respecto a este punto, la periodista y representante de ACNUR, Stephanie Rabi, está de acuerdo con que los países tengan la libertad y soberanía para elegir sobre la estancia de sus ciudadanos. Enfatiza que “cada Estado y país tiene el derecho de decidir quién entra y quién sale de su territorio. Es legítimo que pongan normas para poder entrar”.

Por su parte, el representante del SERMIG, Nicolás Torrealba, enfatiza que “no está establecido el derecho a que uno pueda llegar a cualquier país. Hay que separar esto del derecho de solicitar asilo, que sí es un derecho humano”.

Esta ley establece que uno de los principios bases es la promoción, respeto y garantía de los derechos: “el Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria”.

A pesar de estas medidas, los expertos y ciudadanos migrantes creen que las políticas públicas que existen en cuanto a migración no son suficientes ni efectivas.

 

 

 

Yinibia Castillo, explica que una de las decisiones más negativas del Gobierno, que han vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos migrantes, ha sido militarizar las fronteras. Según el artículo de la BBC “La crisis migratoria lleva al gobierno de Boric a militarizar la frontera norte de Chile” publicado a fines de febrero del 2023, en las fronteras del norte con Bolivia y Perú, colocaron militares durante esa misma fecha con la intención de controlar el ingreso irregular al país.

Por su parte, Verónica Franco, la subeditora de Radio Cooperativa, explica que esta situación no debería sorprender, ya que varios políticos han utilizado este tema para beneficiarse ocupándolo a su favor. Un ejemplo, según la periodista, fue la propuesta de José Antonio Kast quien, cuando se postuló a las elecciones como presidente, propuso crear una zanja en la frontera del norte por el ingreso masivo de migrantes en Colchane y militarizarlas.

Si bien el actual presidente, Gabriel Boric, no construyó el muro, si decidió militarizar la frontera: “finalmente este gobierno que era muy contrario a eso, lo aplicó, ya que hay militares en la frontera, están trabajando y apoyando a Carabineros que son los encargados de las fronteras en todo el país”, enfatiza la subeditora.

Para Yinibia Castillo este gobierno está en deuda, ya que fueron modificando su narrativa de acuerdo a las circunstancias políticas. Explica que “el primer año se enfocó en el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas migrantes y los acuerdos internacionales. Pero durante los siguientes meses, la narrativa fue cambiando debido a ideologías internas y presiones externas”.

Además, la politóloga insiste en que “la militarización de las fronteras no es compatible con una visión de derechos humanos de la migración porque, ¿Qué saben los militares sobre Derechos Humanos?”.

Por su parte, Nicolás Torrealba explica que para los gobiernos siempre es difícil manejar esta situación, ya que no existe una guía para manejar la migración: “dependemos de factores internos y externos: la salida de migrantes de un país no se puede controlar en Chile. Hay que ver qué ocurre con las dinámicas regionales de movimientos de personas para ver qué medidas se van adoptando”.

Al analizar las medidas migratorias en los últimos tres gobiernos, se aprecia que no hay una política de Estado concreta, más bien existe una mirada dependiente de la ideología de turno. En 2014, Michelle Bachelet trabajó con enfoque en derechos humanos, tanto de los ciudadanos chilenos y migrantes, pero sus intenciones y propuestas fueron rechazadas. Luego, el gobierno de Sebastián Piñera se enfocó en la seguridad, regularidad y control, se emitió una nueva ley donde se reconocen varios puntos de la propuesta de la exmandataria.

Nueve años después, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, se crea la primera Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual contiene varios puntos de los gobiernos pasados, destacando la postura del expresidente Sebastián Piñera.

Un ejemplo de esto, son las expulsiones que comenzó a realizar el gobierno de Gabriel Boric desde fines de noviembre. Durante el periodo de Sebastián Piñera, también tenían este enfoque, según lo expresado en el artículo 127 de la “Ley de Migración y Extranjería” (Ley N° 21.325), donde enfatizaron en las expulsiones en caso de permanencia transitoria.

Si bien, los motivos de expulsiones son distintos, ya que el presidente Boric se enfoca en los ciudadanos no regularizados o los que no se encuentran en el proceso de empadronamiento, mientras que el exmandatario en los ciudadanos de permanencia transitoria, ambos tomaron estás medidas para manejar la migración en el país.

A la luz de lo anteriormente expuesto y de los análisis de expertos, la inmigración no es una situación fácil de manejar. Una de las soluciones que propone Nicolás Torrealba, es buscar un equilibrio que se dirija hacia la cooperación internacional y multilateralidad: “los países deberían abordar acuerdos regionales para poder distribuir las cargas. Esta es la manera de respetar el derecho a migrar”.

Finalmente, el periodista y facilitador de la Red de Periodistas Migrantes, David Arboleda, también cree que las políticas públicas que existen no son suficientes ni efectivas, “desde los gobiernos pasados solo ha habido medidas y políticas, pero del gobierno de turno”, enfatiza.

También, aclara que la actual legislación tiene un enfoque más seguritista, basándose en modelos distintos a Chile como el de Canadá, país que tiene una realidad completamente diferente ya que desde 1960 pasó de un sistema de cuotas a un sistema basado en puntos que daba preferencia a los inmigrantes altamente cualificados que contribuirían a la economía del país.

En el año 2022, el gobierno de esa nación anunció un plan para recibir a 1,5 millones de migrantes para 2025 debido a que tiene una población que envejece, además de una tasa de natalidad baja, tendencia que se da en Chile, pero con cifras y contexto social dispares al país del norte.

 

El estigma de la migración y delincuencia

 

El caso de Chile es completamente diferente. Arboleda menciona que hay una dificultad en la gestión migratoria y no solamente en las fronteras chilenas, sino que también en la coordinación con otros países.

Aportando en este ámbito, la periodista Rocío Alorda enfatiza que es una situación difícil, ya que los fenómenos migratorios no van a parar y van en aumento. Además, explica que Chile es un país al que “le ha costado aceptar la migración, donde se generan desigualdades. Esto se ve en la forma en que estos se vinculan con otros”.

Esta afirmación es apoyada por Isabel Bravo: “estamos en un país racista, clasista y xenofóbico”.

Para analizar el contexto en el que se encuentran sumergidos los niños, madres, padres y trabajadores migrantes en Chile, hay que entender qué significa este concepto mencionado por la socióloga. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), el racismo es “la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social”.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, estos se han sentido discriminados por parte de los chilenos. Si se suma a este racismo la manera que los medios de comunicación informan el tema de la migración, generan como consecuencia ideas erróneas sobre su cultura, aumentando la violencia, el estigma y la segregación.

Jennifer Sandoval, ciudadana venezolana de 22 años, quien lleva seis años residiendo en Chile, relata su experiencia. Ella se caracteriza por llevar su pelo corto hasta arriba de los hombros junto con un fleco en su frente de color rojo intenso, al igual que el maquillaje que se coloca en sus labios gruesos. Es de piel blanca y de contextura delgada. Sus ojos son achinados de color negro, cuya mirada refleja las diferentes vivencias durante este tiempo.

Jennifer llegó al país junto con su familia en el 2017 debido a la situación de emergencia que existe en Venezuela: “mí país ya no estaba siendo una posibilidad sostenible. No era el tema de tener dinero o no, sino que ya no había cosas básicas como la comida, para conseguirla había que hacer filas enormes. También, había problemas con las empresas, en nuestro caso, mi papá es ingeniero civil, por lo que trabajaba con estas, las cuales comenzaron a emigrar o cerrar.”

En cuanto a la discriminación, la joven explica que es difícil llevar su vida en un país con estigmas hacia los migrantes: “sé que hay personas que les toca de peor manera porque se encuentran en una posición donde tienen que vivir este tipo de situaciones, que son completamente inadecuadas e injustas”.

 

Respecto a este punto, hay situaciones que aumentan estas percepciones negativas, como lo fue el asesinato del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma en abril del año 2023. Los medios de comunicación abordaron esta noticia enfatizando en la nacionalidad de los ciudadanos, quienes eran extranjeros, más que en el crimen. Esto ocurrió cercano en los días en que se discutía entregar mayores facultades a las fuerzas policiales. La mezcla de esos ingredientes genera la idea de que los migrantes vienen a delinquir al país.

Según el artículo publicado el 08 de enero del 2024 por el medio Radio ADN “Población de reos extranjeros en cárceles chilenas aumentó 40% en un año: estas son las tres nacionalidades que predominan”, hubo un crecimiento de 5.233 reos a 7.344, siendo el 13,8% del total de presidiarios, de los cuales 2.053 son de nacionalidad colombiana, 2.005 boliviana, 1.906 de venezolana.

Sin embargo, a pesar de que algunos sí cometen delitos, parte de la población extranjera se encuentra completamente estigmatizada, siendo que algunos inmigrantes solo vienen por mayores oportunidades, como es el caso de Jennifer Sandoval junto con su familia.

 

 

 

En cuanto a esto, David Arboleda menciona que “la delincuencia no solo afecta a las personas de nacionalidad chilena, también afecta a las personas migrantes que viven en el territorio. Entonces, yo creo que nadie, independiente de su nacionalidad, quiere verse afectado por la delincuencia”.

El editor general del departamento de prensa de Televisión Nacional de Chile, Cristian Steffens, según su experiencia informando, observa que la delincuencia ocurre por no tener posibilidades de desenvolverse adecuadamente en la sociedad: “esta falta de oportunidades la tienen tanto los chilenos como los extranjeros que llegan al país sin ninguna red de apoyo”.

Por su parte, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, asegura que ha habido un aumento de la delincuencia en el país que es mucho más visible en los medios de comunicación. También afirma que las técnicas delictivas han cambiado, llegando al punto de ser todo mucho más sofisticado: “han venido a Chile varias bandas que tenían otras formas de delinquir que ha “modernizado” la práctica delictual, por lo que se visibiliza más”.

En este ámbito, la socióloga Isabel Bravo indica que los migrantes no son los causantes del alza de delincuencia, sino que son parte importante de lo que se conoce como “contagio criminógeno”. La experta explica que “gracias al internet y las redes sociales, los chilenos se dieron cuenta del exterior, el país logró ponerse “creativo” al ver lo que se hacía en otros países”.

Esto quiere decir, que algunos inmigrantes al ingresar al país se juntan con chilenos que delinquen, enseñándoles ideas de crímenes y nuevas formas de operar.

Bravo indica que este contagio criminógeno ocurre en muy alto nivel dentro de las unidades penales, lugar en el que se comparten ideas y experiencias: “el ser humano siempre aprende del otro y eso está en su naturaleza. Este contagio ocurre mucho más en lugares como este que en la calle”.

A través de un balance semanal emitido por Carabineros, enfatizado por el artículo de Radio ADN “Secuestros en Chile: se registró un aumento de 79% según cifras de Carabineros”, de enero del 2023, en el año 2022 hubo 508 secuestros, lo que significó un 79% más en relación al año 2021. Por otro lado, los homicidios también aumentaron en un 31%.

En base a estos datos, similares de los que la socióloga maneja, Bravo indica que el contagio criminógeno tiene como resultado esta forma de operar y que el chileno ha logrado interiorizar y replicar.

Sobre este concepto, Nicolás Torrealba menciona que existe este efecto contaminante respecto al tipo de delitos que traen los extranjeros. Sin embargo, también opina que “hay un contagio desde los chilenos hacia los migrantes en la forma de cometer delitos. En general, las prácticas y conductas delictuales se retroalimentan”.

La llegada de extranjeros es uno de los temas más mediáticos que ha tenido que enfrentar el Estado. Según Rocío Alorda, el gobierno actual “se ha caracterizado por tomarse en serio la agenda de migración. Ha hecho controles en las fronteras y también ha tomado medidas de seguridad”.

Sin embargo, para Arboleda el gobierno no ha reaccionado de manera idónea ante este tema, ya que, según un diagnóstico de la Red de Periodistas Migrantes, lo que ocurre es que hubo una promesa de campaña que no se está cumpliendo: “faltan políticas de migración con un enfoque de derechos que reconozca a la migración como derecho humano y que no la criminalice”. Pero el análisis de la Red apunta a que los proyectos en el Congreso avanzan para criminalizar la migración.

Esa mirada coincide con la socióloga Isabel Bravo que dirige su análisis a la urgencia de tener leyes migratorias, que permitan resguardar la seguridad y proteger los Derechos Humanos de migrantes y chilenos.

Personas de sacrificios

 

Delincuencia, seguridad y regularización son algunos de los conceptos más trabajados tanto por medios de comunicación como en las políticas públicas. Pero existe uno casi desconocido: los “chivos expiatorios”, también conocidos como “personas de sacrificios”.

En Chile, los políticos, editores y periodistas, siempre deciden abordar la migración de cierta forma, por lo general discriminando y estigmatizando. Expertos explican que estás decisiones no son al azar, se basan en estrategias políticas y/o comunicacionales que utilizan a los migrantes para culparlos de errores y negligencias ocurridas en el país, específicamente del Estado y sus instituciones.

Para Yinibia Castillo “es muy fácil culpar al enemigo externo cuando hay problemas complejos que son difíciles de explicar a la sociedad y, por supuesto, siempre las comunidades marginadas o los pueblos más vulnerables van a ser los culpables y los abyectos cuando hay problemas políticos”.

Respecto a esa situación, Stephanie Rabi, comunicadora de ACNUR, conoce este concepto como “Chivos expiatorios”. La periodista recuerda que en la época de pandemia se emitió un comunicado en el cual se utilizó este término para culpar a los migrantes por la expansión del virus del Covid-19, y por la gestión realizada por parte del Gobierno.

Según Rabi, la pandemia fue un gran ejemplo de cómo las personas en situaciones de movilidad humana fueron utilizadas como chivos expiatorios por varios países para evadir la responsabilidad política en temáticas de salud: “socialmente, había que buscar a un culpable, y los culpables eran las personas de otros países” enfatiza.

Otro ejemplo lo pone sobre la mesa Nicolás Torrealba, jefe de gabinete del SERMIG. Explica que los migrantes han sido utilizados como personas de sacrificio en las últimas campañas de los consejeros constitucionales, donde el Partido Republicano ganó las elecciones culpando a los ciudadanos migrantes por el aumento en la delincuencia, prometiendo regular y controlar esta situación en el caso de que votaran por ellos. “Lamentablemente, esto quedó para quedarse, en las campañas electorales rinde el echarle la culpa a otro de los problemas que tiene la gente y no abordarlo de manera seria”, analiza.

Respecto a este punto, Yinibia Castillo enfatiza que “los migrantes somos los cuerpos de sacrificio del proyecto actual de Chile. Eso quiere decir que para que haya pactos entre la izquierda y la derecha, somos nosotros los que tenemos que pagar”.

Los medios de comunicación no están exentos de esta práctica. La delincuencia es otro ejemplo en el cual han vinculado directamente a los migrantes, “cuando empezó el fenómeno de la migración (…) era habitual hablar de dos colombianos detenidos o tres venezolanos detenidos”, explica Cristian Steffens, editor en TVN. El periodista especifica que eso ha cambiado, “definimos como norma que no es noticia la nacionalidad de la persona que fue víctima o es el victimario, a menos de que sea un hecho relevante para el tema que se está abordando”.

Este hecho es degradante para los ciudadanos migrantes. Ricardo Ortega, ciudadano venezolano, quien actualmente se encuentra trabajando como panadero en Quilpué, opina que muchos han llegado al país como a cualquier otro, y que, si pasa cualquier hecho delictivo, culpan al extranjero.

“No les hago caso, no les presto atención porque sé que yo, por mi parte, no salí a hacer nada malo. Estoy trabajando, incluso, estoy buscando la posibilidad de estar legal acá en el país y lo que hagan los demás, me vale”, finaliza.

Por otro lado, también es un hecho que los ciudadanos migrantes son un aporte para los países que los reciben. Según un artículo de ONU Migración (OIM) “¿Cómo contribuyen las personas migrantes a la sociedad?”, los extranjeros ayudan en ámbitos socioculturales, cívico-políticos y económicos en sus países de acogida.

Un ejemplo de esto se vio evidenciado en los Juegos Panamericanos con el ganador del oro en atletismo, Santiago Ford. Según el reportaje “Sacrificio y disciplina panamericana: las historias de los deportistas migrantes que luchan por Chile en Santiago 2023”, del diario El País, el atleta originario de Cuba comenzó su travesía en el 2018 cruzando por diferentes países. Ingresó a Chile de manera irregular, llegando incluso a recorrer el desierto de Atacama a pie siguiendo una línea de tren. Después de cinco años, en el 2023, Ford consiguió su carta de nacionalidad por gracia, lo que le permitió representar a Chile en la competencia deportiva.

Su historia representa el sacrificio de algunos migrantes que han tenido que ingresar de manera irregular al país. Cabe destacar, que a partir del aporte que realizó el atleta, los medios de comunicación trataron esta noticia con un foco diferente mostrando las adversidades y problemáticas que enfrentó Ford.

A través de un análisis realizado con la herramienta Google Trends, se aprecia que entre octubre y noviembre del 2023, los medios de comunicación abordaron constantemente la historia y reconocimiento de Santiago Ford. Según los datos entregados, en la región Metropolitana fue en la que más se mencionó, con un 100% de interés, seguida por la región de Atacama (88%), O`Higgins (87%), Coquimbo (82%), etc.

En las noticias, consideradas hasta el 19 de diciembre, se observan los diferentes titulares: “Santiago Ford reveló detalles de su travesía por campo minado en la frontera: “Yo no le quería creer” (Bío Bío Chile); “Cuando Santiago Ford cruzó a Chile” (La Tercera); “Santiago Ford habla del conmovedor reencuentro con su hermana, el dolor por la lejanía con su familia y los Juegos Olímpicos” (EMOL); “El Ford cubano que escogió a Chile” (El País); “Era un campo minado: Santiago Ford contó cuando estuvo al borde de la muerte en su llegada a Chile” (Chilevisión).

Estás noticias son algunos ejemplos de cómo los medios de comunicación abordan la migración de una perspectiva diferente, tras que el ciudadano extranjero ganara la medalla.

Este caso, reflejó un tratamiento de la migración diferente a los otros, ya que los medios no se enfocaron en tratarlos como delincuentes o personas ilegales; el discurso cambió, lo visibilizaron como una persona irregular que se esforzó por surgir en contextos difíciles. También, enfatizaron en cómo el Gobierno le entregó oportunidades para poder lograr sus metas.

En todas estas situaciones, las autoridades junto con los medios de comunicación, han sido pilares importantes en difundir información sobre la migración e influir en la percepción de los chilenos y chilenas, por lo general, produciendo discriminación, xenofobia y violencia. Como ya lo estableció Alorda, esto genera audiencias cautivas ya que “es un buen negocio para los medios”.

LEER CAPÍTULO II: Migración e inseguridad, el negocio de los medios de comunicación