El fenómeno carcelario femenino tiene una mirada multidimensional que debe ser asumida por el Estado en su conjunto. Así lo explica la psicóloga Paula Medina, “Gendarmería no puede suplir todas las necesidades de estas mujeres”, asegura. Desde ahí es que apunta a la necesidad de una coordinación entre el Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Desarrollo Social y de Familia que apoye a estas mujeres y sus hijos.

 

En este reportaje, que se presenta en tres capítulos, se analizan datos, estudios y testimonios de mujeres privadas de libertad por narcotráfico que apuntan a establecer qué tan efectiva es la reinserción social de las mujeres que cumplen condenas por drogas. Silvia Vásquez de 73 años, procesada cuatro veces, mira con franqueza su pasado: “Yo las veces que salí seguía traficando a pesar de todo lo que había aprendido”. 

 

Por: Valentina Alfaro Lizama, Savka Oyarzún Luman y Javiera Pérez Morales .

 

“La reinserción social de todos podría estar en la Nueva Constitución y que a nosotras nos den un trabajo”, son las palabras de Soledad Llantén (44), reclusa en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) por tráfico de armas y microtráfico de drogas.

La feminización de la pobreza se reproduce en el perfil psico social y económico de las privadas de libertad. Este concepto se acuña en los años 70 donde su primera mención fue en una investigación de Diana Pearce, de 1978, titulado: “The feminization of poverty: Women, work, and welfare”, que enfoca en términos estadísticos el aumento de jefas de hogar en los Estados Unidos y su correlación con la precarización de sus hogares.

Este significado establece la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A partir de los años 90 en Latinoamérica, ha sido objeto de diagnóstico, pero aún en estos tiempos persisten una multiplicidad de factores que posicionan a la mujer en el sector más pobre dada la brecha salarial y la división sexual del trabajo. Chile no es la excepción.

Según el estudio “Radiografía de la mujer” (2019) impartido por el Grupo Defensa y las Facultades de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, reveló que un 73% de las encuestadas son jefas de hogar, el 34% declara que su situación económica es derechamente mala, mientras que un 47% gana el sueldo mínimo.

Por otro lado, el endeudamiento femenino es una raíz latente en nuestra sociedad. La mayoría de las familias sostenedoras del hogar se encuentran en el sector más precarizado. Un 69% de las mujeres declara tener un sueldo que les dificulta pagar sus deudas que consisten principalmente en sus gastos mensuales, salud y educación.

Si los sueldos de los trabajadores asalariados son una problemática en Chile, las mujeres reciben la peor parte. Un estudio de la Fundación Sol, del año 2019, llamado “Los verdaderos sueldos de Chile” señala que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de $197.263 mensuales. Es decir, el promedio de ingresos que perciben las mujeres equivale al 71,9 % del ingreso recibido por los hombres.

Por un lado, están las mujeres que pueden reconocerse entre la clase media, media baja, pero ¿Qué sucede con la feminización de la extrema pobreza que aborda la periferia o alrededores? Ahí donde las oportunidades escasean y las salidas muchas veces no tienen retorno, en el pantano de la patria, en que el negocio de la droga pareciera ser la única actividad que puede abrir una ventana al futuro.

La pobreza se acopla en los territorios y no solo es precariedad, sino que se concentran círculos de violencia, muerte, abandono y maltrato.

El narcotráfico trasciende clases sociales, pero no todas responden de la misma manera frente a la justicia. Siendo una actividad dirigida por hombres, son madres quienes representan la mayor población penal por microtráfico.

Según establece Paula Medina, psicóloga con magíster en criminología, la pérdida de libertad genera daños negativos en los vínculos familiares, se producen quiebres y, en muchas ocasiones, las mujeres enfrentan resentimiento por parte de los hijos que deben quedar al cuidado de otros, animadversión que se proyecta también desde las mismas personas que quizás con buena voluntad se hacen cargo de los menores de edad.

El microtráfico hoy es el principal delito asociado a las mujeres, donde se puede entender como un problema de género tanto familiar como social y que sin duda afecta a hombres y mujeres de formas diferentes.

En su mayoría, son jefas de hogar y madres, ambas características juntan la identidad personal de la población penitenciaria femenina. Ellas mantienen una escolaridad baja, provienen de sectores marginales, donde han vivido y experimentado abuso, maltrato y abandono.

Estas historias de vida pueden ser el detonante tanto para el consumo como para implicarse en el tráfico de drogas, que muchas veces ven como un trabajo y que no siempre es una elección.

Según establece Loreto Martin, trabajadora social de la Corporación Abriendo Puertas, “son mujeres en una situación de desventaja y de vulnerabilidad muy grande antes de cometer el primer delito”. Ellas se desarrollan en bajos niveles de preparación y capacitación, “además en promedio tienen tres hijos, sufren abusos físicos y psicológicos y son muy pobres”, explica.

Ante este complejo contexto, la psicóloga Paula Medina, enfatiza que deben involucrarse todos los ministerios del área social y justicia, “además de las Organizaciones de la Sociedad Civil, muchas de las cuales ya hacen un aporte importante, pero si organizamos mejor esa respuesta se podría potenciar”, asegura.

“Todo el Estado tiene una responsabilidad, sería injusto pedirle a gendarmería que pueda suplir todas las necesidades humanas”, explica Medina. Desde ahí es que apunta a la necesidad de una coordinación entre el Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Desarrollo Social y de Familia que apoye a estas mujeres y sus hijos.

Los testimonios de las mujeres condenadas (cuyos nombres se modificaron para proteger su identidad), junto al análisis de profesionales, cimientan los pilares de este reportaje que establece la interrogante sobre qué tan efectiva es la reinserción social de las mujeres que cumplen condena por microtráfico. La investigación se traza a través de la revisión de políticas y programas de reinserción social que serán analizadas en su efectividad, lo que permitirá determinar si es necesario modificar o mejorar dichas políticas públicas.

Silvia Vásquez de 73 años, condenada cuatro veces, mira con franqueza su pasado: “Yo las veces que salí seguía traficando a pesar de todo lo que había aprendido”.

 

Capítulo l

Encarcelamiento femenino en Chile ¿Qué sabemos de las privadas de libertad?

 

“No me relaciono con mucha gente, converso y río cuando puedo, es mejor así”, expresa Ana Rubio de 45 años, reincidente por microtráfico. Sólo recibe visitas de sus tres hijos y de su madre, Perla.

Las paredes grises del patio del centro carcelario separaban a las privadas de libertad con la vorágine diaria de Santiago, en el CPF se vive a otro ritmo, hay otros aromas y se palpa la soledad cuando afloran los recuerdos. “Mi hermana se hace cargo de mi hijo más pequeño, que tiene 9 años”, cuenta Rubio.  Ella proviene de San Bernardo y lleva casada 28 años, sus hijos tienen 28, 21 y 9 años. Fue detenida dos veces junto a su esposo, antes se dedicaba al comercio ambulante pero el trabajo no le daba para pagar todas sus cuentas. “Los dos lo hacíamos, los dos vendíamos”, confiesa Ana Rubio.

Al hablar sobre su relación de pareja, señala que tuvo varios altibajos, los cuales no quiere contar, sin embargo, luego que ella ingresó al CPF de Santiago no vio un mayor interés en él, por lo que cortó la relación. En cambio, la mujer de 45 años expresa que la relación con su familia de origen es buena, donde siempre ha sentido apoyo.

Conversar en esas paredes, hace que se estimule la memoria, evocando relatos sobre su niñez, la cual estuvo marcada por la precariedad, Rubio recuerda: “tuve una infancia pobre y siempre dije que iba a ayudar a mi mamá, cuando era chica pasé por varias casas de menores”.

Soledad Llantén creció en Santiago. Ella fue mamá a la edad de 17, tiene 2 hijos, Bastián de 27 años y Camila de 25 años. Actualmente es abuela de dos nietos. Estuvo 26 años casada con Luis, hombre con el que vivió desde los 12 años, lo llama “compañero de vida”, fue condenada junto a él por tráfico de drogas y armas. Pero este no es el último golpe que ha sufrido su familia, su hijo mayor, padre de una niña de tres años, está preso por robo a un lugar habitado.

Carolina Calderón es colombiana proveniente de la ciudad de Cali, actualmente tiene 40 años y es madre de 2 hijos. Desde el comienzo, su acceso al país fue difícil, se demoró más de un mes y su entrada se pudo efectuar por la ciudad de Mendoza, Argentina. Lleva casada 13 años y 10 años viviendo en Chile.

Su marido fue el primero en ingresar al país, venía por estabilidad económica y la encontró de chef en un restaurante de Sushi. Con el pasar del tiempo hizo su entrada ella, para más tarde llegar su hija de 2 años y su madre.

Actualmente la niña tiene 10 años y la cuida su madre y su esposo, él ahora trabaja en un transfer y viven juntos los tres. Carolina fue condenada por microtráfico y solo permaneció en el rubro por 3 meses.

Blanca Guzmán, nació el 20 de junio de 1984 en Santiago de Chile, tiene 37 años, vivió entre el Parrón y Santa Rosa. Hoy ella es madre de 3 hijas de 21, 19 y 15 años y asegura que la relación con ellas ha sido siempre cercana y de apoyo. Fue condenada a 11 de años de cárcel por tráfico de drogas y armas junto a su expareja, que hoy se encuentra en libertad.

Silvia Vásquez de 73 años fue reincidente cuatros veces por narcotráfico, se casó a los quince años y su esposo tenía 19. Actualmente tiene tres hijas, la mayor de 56 años, la segunda de 54 y la menor tiene 46.

¿Qué dicen los estudios?

En el Informe de Prevalencia de Violencia en la Población Femenina en Chile de Gendarmería señala el microtráfico como causa delictiva que predomina en el encarcelamiento de mujeres, siendo la mayoría son madres (sobre el 85%).  A partir de la promulgación de la Ley 20.000 en el año 2005, que sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, se ha visto un aumento de mujeres privadas de libertad, a partir de siete años establecida la ley (3.400 promedio anual).

 

Según datos de Gendarmería del año 2015, los registros descendieron en el año 2012 con un registro de 1.837 reclusas condenadas. A partir de lo mencionado en fiscalía, actualmente se establece que desde el 2015 hasta el 2021, el número de mujeres condenadas por casos de drogas es de 3301, siendo el año 2016 con el mayor pick, con un ingreso femenino de 613.

 

Región	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
FRM Centro-Norte	222	246	213	214	228	155	1278
FRM Oriente	64	82	76	86	77	69	454
FRM Occidente	104	106	108	115	119	70	622
FRM Sur	174	179	121	173	184	116	947
Total	564	613	518	588	608	410	3301

Fuente: Fiscalía Nacional.

 

 

“Cuando me detuvieron fue horrible porque mis hijos me vieron. Una los deja a ellos y lo que más siente es dejar a los hijos. Dejé al más chiquitito y este es el dolor más grande que tengo. Lo que más deseo es recuperar a mis hijos, volver a mi casa, trabajar, no volver más a lo mismo, no soltarlos más de las manos”, comenta Ana Rubio.

 

 

El aumento exponencial deriva de un historial de políticas legislativas. Primero fue la Ley Nº17.934, N°18.403, N°19.366 y posteriormente la ley N°20.000, aún vigente. Las leyes fueron evolucionando y nacen a partir de una agenda internacional impartida por Estados Unidos que tenía como objetivo la persecución, erradicando el narcotráfico y sus redes criminales.

“ (…) esto de alguna forma es parte de una guerra contra las drogas que inicia en EE.UU en los años 70 con Nixon, luego con Reagan, si tu miras la legislación en Latinoamérica, se parece mucho en todos los países, habiendo normas claramente inconstitucionales, por ejemplo la ley 20.000 presume la responsabilidad penal que es una cuestión que se opone a tratados internacionales a derechos básicos como la presunción de inocencia”, sentencia Silvio Cuneo, jurista de la Universidad Católica de Valparaíso.

El discurso se materializó en 1988, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Esta última reunión internacional enfatizó la preocupación por los efectos del tráfico y del consumo sobre la infancia, colocando el acento en las repercusiones de tipo político, económico y cultural del tráfico ilícito.

Las penas que establece la ley 20.000 por microtráfico de estupefacientes que aborda transportar, guardar, portar o traficar pequeñas cantidades de droga son de 541 días a 5 años de cárcel, además de una multa de 10 a 40 UTM.

Investigaciones de Corporación Humanas y de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe apuntan a que las mujeres son el rostro visible de la venta de drogas, siendo su lugar de trabajo el espacio doméstico, en territorios vulnerables, datos que coinciden con lo establecido anteriormente por Loreto Martin, directora ejecutiva y trabajadora social de la Corporación Abriendo Puertas.

Información entregada por fiscalía señala que el rango etario de las privadas de libertad por microtráfico comienza desde los 14 y se extiende hasta los 71 años.

En esta misma línea, según Gendarmería de Chile (2015), tres de cada cuatro mujeres que ingresan a cumplir condena en el sistema cerrado no ha completado su educación escolar formal, un porcentaje de estas mujeres no sabe leer ni escribir (8%); la mayoría carece de instrucción laboral, presentando altas tasas de cesantía o trabajos informales, precarios e inestables.

Esta realidad se refleja en Soledad Llantén, que abandonó los estudios en segundo medio, tuvo a su hijo a los 17 años y asegura que no tuvo problemas al ser mamá joven.

En el ámbito penitenciario el derecho a la educación se encuentra ampliamente reconocido en diversos instrumentos internacionales y es pensado como elemento fundamental para el tratamiento de personas condenadas, teniendo en cuenta que reportan bajos niveles de escolaridad.

Educarse se vuelve especialmente importante ya que constituye un factor a la inclusión social, facilitando la entrega de herramientas para lograr en el medio libre oportunidades laborales lo que ayudará a la persona a salir de la pobreza y a participar en la comunidad.

“Las clases de aquí no tienen ni un brillo, no nos preguntan qué queremos aprender, los profesores son viejitos”, manifiesta Carolina Calderón, que también relata que en la escuela le enseñan a sumar y restar siendo ejercicios de primero básico.

Ella es profesional en mecánica dental, “estudié mi carrera, luego comencé a estudiar otra y ahora me encuentro estudiando”, declara entre risas al referirse que se encuentra participando en la escuela al interior del CPF.

Paula Zúñiga, académica de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, afirma que existe una multiplicidad de factores que afectan al sistema educacional carcelario. “La escuela se pensó con las mismas lógicas de una escuela del medio libre, entonces es muy poco lo que se hace porque además la formación de los profesores no contempla estas realidades”.

Datos de la Corporación Abriendo Puertas declaran que el 84% de las mujeres no se encontraban ingresadas laboralmente antes de entrar a la cárcel.  Además, el 50% de las condenadas dentro del penal son reincidentes y el 80% son abandonadas por su pareja cuando ingresan a prisión.

“Soy casada hace 28 años, desde que caí detenida corté relación con él. No teníamos buena relación antes. No teníamos buena relación desde afuera y yo pensé que no había preocupación por parte de él porque estaba aquí”, comenta Ana Rubio.

El informe periódico llamado “Narcotraficantes en Chile. Análisis Estadístico-Descriptivo de Sujetos Detenidos por Tráfico de Drogas durante el Periodo 2016-2020” a cargo de la Jefatura Nacional de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, demuestra que entre enero del 2016 hasta diciembre del 2020 detuvieron a 33.127 personas por infracción a la Ley de Drogas, siendo un tercio mujeres que por diversas causas se involucraron en esos delitos.

En ese mismo sentido, el subprefecto de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Francisco Cabellos, quien estuvo a cargo del análisis de datos y contenidos en la investigación, señala que existe un machismo en la cultura del tráfico de drogas y que, por ende, las mujeres tienen el rol inferior.

La investigación Encarcelamiento femenino en Chile. Calidad de vida penitenciaria y necesidades de intervención del año 2019, es una de más recientes que trata sobre la problemática de sistema penitenciario con enfoque de género y busca contribuir a la visibilización de las necesidades personales que tienen las mujeres privadas de libertad. El análisis se llevó a cabo por datos extraídos de la Primera Encuesta de Calidad Penitenciaria en conjunto a entrevistas de mujeres privadas de libertad y quienes trabajan con ellas en el Centro Penitenciario Femenino de la comuna de San Joaquín.

Se pudo revelar que el 90% son madres con hijos menores de 18 años, quienes se encuentran bajo la supervisión de algún familiar (abuela, tía u otro familiar). Las madres declararon que esto había generado un impacto altamente negativo en los niños(as), problemas de conducta o rendimiento escolar y conflictos en la familia, como dificultades de monitoreo y hasta embarazo adolescente entre los 14 y 18 años.

Este es uno de los dolores más grandes del encarcelamiento femenino. Abandonar a los hijos y ser abandonadas por sus seres queridos, siendo las rejas sus únicas acompañantes.

“Cuando me detuvieron fue horrible porque mis hijos me vieron. Una los deja a ellos y lo que más siente es dejar a los hijos. Dejé al más chiquitito y este es el dolor más grande que tengo. Lo que más deseo es recuperar a mis hijos, volver a mi casa, trabajar, no volver más a lo mismo, no soltarlos más de las manos”, comenta Ana Rubio.

Por otro lado, Blanca Guzmán habla sobre las aprehensiones respecto de su hija menor (15): “me da miedo porque está en una edad tan complicada que se deja influenciar y no quiero que haga cosas malas”.  Además, señala que su hermana mayor es quien ayuda en ocasiones a sus padres, de tercera edad, en el cuidado de sus hijas. Siente bastante preocupación en que alguien les haga daño o que no tengan apoyo en el colegio. “Me va a costar que mis hijas me integren a sus familias”, reflexiona.

Blanca recuerda que la relación con su padre se quebró al ingresar al penitenciario y que mucho antes de eso, se iniciaron los conflictos por la relación que mantenía con su expareja al momento de ser detenida. “Yo he intentado tener contacto con él (su padre) y dice que nunca me va a perdonar”.

Ella fue mamá soltera y siempre se dedicó a sus hijas trabajando de comerciante en la feria, pero el permiso fue retirado ya que ella se encontraba trabajando en otra comuna. La necesidad económica le abrió una puerta tentadora pero peligrosa, fue ahí donde comenzó a traficar con su pareja, él la inició en el rubro.

Carolina Calderón, recuerda con emoción a sus hijos, uno de ellos, el mayor, que estudia y le gusta jugar fútbol, vive en Europa con su padre, su primera pareja. Actualmente su hija (3) reside en Chile con el actual esposo de Carolina y su madre.

En la confianza de la conversación, Carolina confiesa que usa un teléfono celular, lo que no es permitido dentro de la cárcel, con el cual ayuda a su hija en las tareas. Señala que siente preocupación que se retrase en sus aprendizajes.

Ella recuerda a sus hijos con voz fuerte que se debilitaba a momentos, fue la única situación de más nerviosismo que vimos en ella. Mientras se saca la pintura de las uñas confiesa su deseo más íntimo: “anhelo ver a mi hijo, abrazarlo, besarlo y explicarle por qué estoy aquí. Él lo sabe y en un momento le pedí perdón cuando llegué aquí, perdón por haberlo dejado irse con su papá y ¿sabes que me dijo?, tú eres mi mamá, la mejor mamá del mundo”.

Recordar a su familia no es un asunto fácil para ellas, sobre todo en vísperas de año nuevo que significa otro año de estar lejos. “Aquí no hay nada que celebrar, cuando entré no hay más cumpleaños, se acabó la navidad, Cuando hablo con ellos les digo que estoy bien pero no es así, yo no quiero estar aquí”, comenta Soledad.

 

El estudio sobre el Encarcelamiento Femenino en Chile (2019) da cuenta de que las privadas de libertad presentan mayores índices por reporte de maltrato físico provocado por otra interna (23,6%) como también agravio psicológico (38,5%). “Es terrible estar acá, acá todo es pelea, lidiar todos los días con distintas personalidades. Si una deja esto aquí es pelea, si lo cambia de posición es pelea, que por qué tomaste esto si no es tuyo. A veces hay que dejar que te insulten sólo por la conducta”, expresa Blanca Guzmán. 

 

 

Madres en el microtráfico

Quienes son mayormente visitados son los hombres por sus parejas o esposas (47%), a comparación de las mujeres (22%), además también son ellos quienes reciben más veces a sus padres en la cárcel (53,8%) en contraste con las mujeres (43,1%).  Sin embargo, son ellas quienes reciben mayores visitas de sus hijos (49,4%), a diferencia de los hombres (31,9%) todo esto según el Estudio del Encarcelamiento Femenino en Chile “Calidad de vida penitenciaria y necesidades de intervención” (2019).

La desconexión con sus hijos y familia inserta a las mujeres privadas de libertad en un profundo estado de soledad, melancolía y vulnerabilidad. Siendo jefas de hogar, muchas no quieren que sus hijos las vean tras las rejas y prefieren estar ausentes hasta que se les devuelva su libertad.  Pero existe un porcentaje de reclusas madres de lactantes que pueden – y generalmente así lo prefieren – permanecer con sus hijos en prisión, manteniendo a éstos en un lugar inhóspito como lo es el contexto carcelario, normalizando en los niños una situación que, por cualidad, no lo es.

“Las mujeres embarazadas enfrentan la maternidad, viviendo la herencia del presidio hasta los dos años, es muy indigno, donde no hay ningún espacio que le ofrezca de verdad construir un proyecto de vida distinto”, sentencia Paula Zúñiga.

Según el Estudio de Condiciones Carcelarias del año 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala que a lo largo del país son 287 mujeres privadas de libertad embarazadas, con hijos y niños menores de 2 años.

El área técnica de Gendarmería compuesta por psicólogos, asistentes sociales, entre otros profesionales afines, se encarga de forma paulatina de la separación de la madre e hijo para así comenzar el vínculo con el tutor legal que será quien se encargará del niño o niña que generalmente resulta ser la abuela o tía.  Si no existe tutor legal, el niño o niña debe dirigirse al Servicio Nacional de Menores.

“(Hay que) tratar de agotar todas las instancias para hallar una red de apoyo o un familiar que sea competente para poder tener el cuidado legal del niño hasta que la mamá esté capacitada y pueda salir de privación de libertad”, explica Yamila Reyes, trabajadora social y coordinadora de la Corporación Abriendo Puertas.

“El costo de una familia con la madre arrestada es distinto al precio que paga una familia donde el papá está preso, querámoslo o no la madre tiene un rol que es indiscutible”, declara Paula Zúñiga.

La infraestructura en las cárceles en Chile presenta graves vulneraciones a los Derechos Humanos. El hacinamiento es el origen de los conflictos, el poco espacio que brinda una infraestructura deficiente produce estado de estrés y entre otros que afectan su salud mental.

El estudio sobre el Encarcelamiento Femenino en Chile (2019) da cuenta de que las privadas de libertad presentan mayores índices por reporte de maltrato físico provocado por otra interna (23,6%) como también agravio psicológico (38,5%). “Es terrible estar acá, acá todo es pelea, lidiar todos los días con distintas personalidades. Si una deja esto aquí es pelea, si lo cambia de posición es pelea, que por qué tomaste esto si no es tuyo. A veces hay que dejar que te insulten sólo por la conducta”, expresa Blanca Guzmán.

Los conflictos entre internas se deben a las fuentes de estrés en las que se encuentran, principalmente por dejar de ser el sustento económico del hogar, y que no cuentan con suficientes intervenciones especializadas en salud física, ginecológica, mental y odontológicas.

Cuando las reclusas hablan de sus lugares de “descanso”, donde duermen y pasan la mayor parte de su tiempo, los describen como un pasillo que contiene camarotes de 3 niveles, los cuales albergan alrededor de 40 mujeres, sin luz natural y con solo la ventilación de dos ventanas que se encuentran al comienzo de la habitación, crean un espacio de división donde deben turnarse para respirar aire que no sea entregado a través de un ventilador. “Nosotras vivimos en una habitación y no hay ventanas, no hay ventilación, la privacidad es solo con una cortina”, expresa Soledad Llantén.

De igual manera, Ana Rubio y Blanca Guzmán, tienen una apreciación similar. “Es muy indigno, muy chico ¿Por qué no abren más patios?, abran más ventanas, falta más espacio, más privacidad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el derecho a la integridad personal se puede encontrar vulnerado por las graves condiciones de reclusión en las que se mantiene a las personas privadas de libertad, en este caso el hacinamiento puede generar condiciones que afectan a la reinserción laboral y social, esto también desencadena brotes de violencia dentro de las cárceles.

Según el informe de Política Pública de Reinserción Social del año 2017 que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile posee una tasa de encarcelamiento de 236 personas por cada 100.000 habitantes, esto lo posiciona en el sexto lugar a nivel sudamericano.

La sobrepoblación, aparte de deteriorar las condiciones de vida dentro de los penales, obliga en muchas ocasiones a que los recintos o espacios ocupados para las capacitaciones y talleres de reinserción social y laboral estén destinados a otro fin, en este caso para alojar a las mismas internas.

“Aquí vivimos hacinás, acá todo es molestia (…) 3 baños chiquititos, 2 tazas de baño y 3 duchas para 100 internas. Imagínate las peleas, prácticamente una se baña corriendo”, expresa Blanca Guzmán.

En este sentido los conflictos diarios no sólo se desarrollan entre internas, también las entrevistadas declararon que existe una relación difícil con los gendarmes.

Asimismo, un 38,7% de estas mujeres señalan maltrato psicológico por parte de guardias, por otro lado, un 18,5% reportan haber sufrido torturas en la cárcel que se encuentran actualmente y un 38,3% de las encuestadas comunicó que han estado en la celda de castigo en el centro penitenciario donde residen.

“Gendarmería nos trata mal, nos grita, son inhumanos con nosotras, nos ven como bicho raro. Las que sapean tienen más privilegios, a mí no me interesa tener esas prácticas”, comenta Blanca Guzmán.

Ana Rubio expresa que muchas veces contribuyen en labores de aseo en las oficinas de los gendarmes, realizando actividades que no les corresponde a ellas, como el traslado de casilleros a otras instalaciones. Este tipo de acciones permiten a las reclusas sumar puntos para buena conducta, sin embargo, al realizar tareas de limpieza en las oficinas de los agentes policiales, no les brindan guantes o lo necesario para protegerse.

“Las Reglas Mínimas” son para el tratamiento de los reclusos privados de libertad, son normas previamente establecidas y creadas por Nelson Mandela y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para así poder garantizar límites que reconozcan los derechos y los tratos adecuados para las personas en contexto de encierro carcelario.

Mandela señaló alguna vez que “las personas privadas de libertad deben tener la oportunidad de trabajar y participar activamente en su reeducación. El trabajo nunca tendrá carácter aflictivo y no se someterá a las personas privadas de libertad a esclavitud o servidumbre”. El líder sudafricano aseguraba que estas acciones debían incluir la necesidad de la formación en algún oficio que prepare para la vida laboral normal.

Sin embargo, la realidad dista mucho de los ideales del abogado y político sudafricano, en el CPF las cosas son distintas, Ana Rubio señala que “(Debemos) pescar basura con las manos porque queremos salir a la calle. Todas tenemos que andar barriendo cuando vienen los de Derechos Humanos, los llevan a los patios, a las áreas verdes, pero no ven las piezas”.

 

¿Se presenta la salud como un derecho humano?

En el contexto penitenciario, el derecho a la salud es muy relevante. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la atención médica correcta para las personas privadas de libertad es un deber directo del Estado, ellos tienen como obligación la de garantizar el acceso y el cuidado pertinente de su integridad. Su alcance es otro punto importante, porque según la normativa que ve y la reconoce como derecho básico integral, no es solo para sanar, cuidar y tratar, sino que también para prevenir.

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, señalan que “el derecho a la salud es entendido como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social y que incluye una atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial”.

El estudio académico de la Universidad de Chile respecto al acceso del servicio de salud indica que un 37,8% de las encuestadas expresa haber contado con apoyo psicológico o social en la cárcel cuando lo solicitaron. A pesar de la baja cifra, profesionales de administración penitenciaria intentan desarrollar un esfuerzo para el acceso a la salud mental.

Mediante las prácticas en las que se rigen estos derechos las mujeres se refieren a la efectividad y calidad de las atenciones que les entregan dentro del CPF. Las entrevistadas señalan que “sólo dan paracetamol y te pinchan”, lo que refleja que es un derecho básico que la cárcel no contempla y vulnera seriamente sus Derechos Humanos.

Carolina Calderón, recuerda un episodio con una profesional de la salud, “me aplicó una inyección, un corte en la nalga lo que hizo que me saliera un huevo con sangre. Una no sabe que le ponen. Hizo un papel (la doctora) de que era depresiva y volvió a trabajar”. La mujer explica que tuvo diversos roces con la doctora, por lo que optó en no pedir más ayuda por su dolor.

Carolina y Soledad explican que la madre Nelly, religiosa de la Fundación Mujer Levántate, es quien se encarga de los útiles de aseo. Comentan que tocan a su puerta para pedir shampoo, toallas higiénicas u otros utensilios. Gendarmería no brinda útiles de aseo por lo que queda en amparo de la solidaridad de terceros.

Las internas declaran que para postular a un beneficio era necesario mantener una salud estable, que no presentaran síntomas que les prohibiera efectuar trabajos dentro del penitenciario. Por ende, muchas veces que padecieron algún dolor, fuera cual fuera preferían mantenerse alejadas de la enfermería con el fin de poder postular con éxito a los programas de beneficios.

Situación similar de desprecio experimentó Soledad Llantén, en la enfermería del CPF de Santiago, ella quiso solicitar un tratamiento en Kinesiología, pero el papel salió denegado. “No hacen lo que necesito por mi dolor (…) y yo le dije al kine que si ustedes no me hacen el diagnóstico no tengo un tratamiento” (…) “Ellos son despectivos con nosotras”, afirma.

Todas las entrevistadas apuntaron a que sienten discriminación por parte de los médicos, las respuestas concluyeron en que no las tratan como personas, que solo son vistas como delincuentes. “Te inyectan los docs (médicos) y con eso creen que se te va a pasar. Te duele la muela, te pinchan pa’ la guata. Si no hay riesgo vital no te sacan”, comenta Ana Rubio.

Las cuatro privadas de libertad aseguran que no hay una entrega de información previa sobre qué les proporcionan cuando van por diferentes dolencias, lo que les produce preocupación.

La psicóloga criminalista, Paula Medina, afirma que no existe una consideración del sistema público de salud en los centros penitenciarios. “En Chile la salud del sistema penitenciario no es parte de la salud pública, no es que el Ministerio de Salud tenga dentro de su política una unidad de salud penitenciaria lo único que tiene son unas especies de convenios con Gendarmería”.

Cabe señalar que la infraestructura de la cárcel, incluyendo enfermería se compone de solo containers y quienes, según Paula Medina, muchas enfermeras no cuentan con autorización sanitaria, lo que sería impensado en un consultorio o sapu y que sin embargo, en Gendarmería ocurre ¿Cómo se puede pensar en una misión de rehabilitación si se vulnera el derecho humano de acceso a la salud? “¡Vuelven locas a las mujeres aquí adentro!”, exclama Blanca Guzmán.

Mujeres y hombres presentan distintas necesidades biológicas y perciben el encierro de forma diferente. Lo que postula la necesidad de construir un sistema penitenciario con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género.

“Las mujeres requerimos otras prestaciones de salud, las más elementales como la ginecológica y obstétrica. Las patologías mentales que sufren las mujeres al interior de la cárcel son distintas a las que sufren los hombres”, de esta manera Paula Medina asegura que hay un déficit muy importante en los dispositivos de salud mental en contexto de presidio.

Por otro lado, un aspecto crucial sobre la identidad de mujeres privadas de libertad es su largo historial de abuso sexual, físico, psicológico y violencia intrafamiliar. Un 25,9% reportan haber sufrido violencia de abuso sexual en la infancia y adolescencia y un 44,7% denuncia haber sido víctima de violencia intrafamiliar durante su niñez y adolescencia.

Silvia Vásquez rememora complejos pasajes vividos con su marido: “Él tomaba con sus amigos, llegaba y por cualquier cosa me pegaba, tuve muy mala vida con él y por orden de una psiquiatra, la doctora Susana del hospital Barros Lucos, me separé de mi marido y de ahí fue duro para mí porque tuve que cuidar a mis dos hijas haciendo diferentes cosas”.

Frente a casos como el anterior, Paula Molina explica que las mujeres que ingresan a una pena privativa de libertad en un porcentaje importante han sido objeto de violencia, sea por parte de padre o en una relación de pareja, pasando a ser víctimas y victimarias de situaciones de violencia.

La profesional establece que lo anterior afecta en su autoestima, la que ha sido impactada fuertemente producto de una historia tanto social como familiar que en general es compleja y violenta, por ende, avanzan con un pensamiento y una imagen sobre que ellas son personas desechables.

Para la población penitenciaria femenina la vulneración de sus derechos fundamentales resulta ser una experiencia mucho más crítica y bastante común en su diario vivir.

 

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