La historia se remonta a octubre de 2019, iban dos semanas de la revuelta social. Pablo Montiel y su pareja Pía Yáñez, fueron a la plaza Dignidad. Ella documentaba los hechos de la marcha, también barricadas y enfrentamientos con la policía. “Ese día los pacos disparaban como si estuvieran en una guerra”, recuerda Pablo.
Por: Diego Quintanilla, Josefa Guajardo y Tiery Aravena.
“Anduvimos por varios lados: en Vicuña Mackenna, por el Forestal, luego nos dimos la vuelta por el GAM y avanzamos por la Alameda. Aún quedaba mucha gente y los pacos estaban reprimiendo para echar a los que quedamos”, relata el poblador de 42 años.
Dentro de las multitudes que se congregaron en los principales centros y plazas del país para exigir sus demandas, había personas que expresaban su descontento social con el ruido de cacerolas, silbatos o gritando consignas. Mientras tanto, en las periferias de las manifestaciones, había quienes, en un acto de autodefensa, se enfrentan a las Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros para frenar la represión y evitar que desalojaran a los manifestantes.
Montiel, quien pertenecía a estos grupos, al igual que miles de personas, se hacía parte de la denominada primera línea: una organización espontánea, que surgía en el candor de la protesta misma, congregando a estudiantes, trabajadores y pobladores que, durante las extenuantes jornadas, resistían los embates de la policía.
“Ese día los pacos estaban disparando como si estuvieran en una guerra”, recuerda Pablo. La calle era un campo de batalla. Por un lado las fuerzas represivas ejecutaban su ataque disuasivo mediante bombas lacrimógenas y el disparo de perdigones directo al cuerpo. Mientras tanto, en el otro frente, los manifestantes regresaban las bombas y se cubrían con improvisados escudos de lata, madera o cualquier otro material disponible en el espacio público.
Cuando cayó la noche, él y su pareja, se encontraban en la intersección Ramón Corvalán con Carabineros de Chile. Para ese punto ya quedaban pocas personas resistiendo en el sector. Entre el humo de las barricadas y las piedras repartidas por toda la calle, estaba Montiel, a metros de la columna de carros blindados y los piquetes de FF.EE. De pronto, en cosa de segundos, al retirar la antiparra para desempañarla, escuchó el detonar de una escopeta, vio el destelló de luz e inmediatamente sintió un impacto en su ojo izquierdo.
-“Fue como sentir un tablazo en la cara”, recuerda Pablo, quien cayó al piso en el acto.
Un combo en el ojo
El trauma ocasionado a Pablo, coincide con la experiencia de cientos de personas. Una de ellas es Cristopher Astudillo, de Iquique, quien sufrió una agresión a manos de militares del regimiento Cavancha el domingo 20 de octubre, tercer día de las protestas en el país, pero el segundo en la ciudad del norte.
Cristopher recuerda que el llamado era a manifestarse para congregar a la gente en la plaza del centro, bajar por la avenida principal hasta la playa y llegar a la Universidad Arturo Prat. La marcha no era violenta. Dentro de los asistentes habían sobrevivientes del golpe militar y adultos mayores, así como también, momentos de paz durante la marcha que le cambió la vida.
Ese día cerca de las 8 de la noche ocurrió el hecho. Con emoción recuerda que “ya se veía el atardecer, todavía quedaba un poco de luz del sol”. Fue en ese momento en donde al llegar al regimiento “sólo se percibía una micro de pacos”, como él lo dice, pero que solo habían 2 uniformados que comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y de ruido.
Después de ocurrido esto, la fuerza militar salió del regimiento y comenzó a reprimir la protesta, “salieron los milicos del regimiento con trajes de guerra, en ese momento me quedé mirando y preguntándome, qué onda qué pasó y me llega el disparo en el ojo, tuve que salir porque empezó a quedar la embarrada, a mí fue el único que le cayó en el ojo en ese momento, pero a muchos les llegaron disparos en el cuerpo”, relata Astudillo.
“Me encontraba en la puerta principal del regimiento, yo estaba en diagonal hacia ellos y es ahí donde me llega el disparo, me apuntaron y me dispararon directo a la cara, al ojo izquierdo. No fue directo en el iris y no se me abrió el ojo, aún tengo la estructura, pero no veo nada, tengo el nervio óptico cortado y la retina igual destrozada”.
Recuerda que al principio no entendía lo que estaba pasando. “En un primer momento, pensé que alguien me había pegado un combo en el ojo”, dice con rabia acordándose del hecho. Luego del disparo estuvo hospitalizado 3 días en Iquique para después ser trasladado a Santiago.
…estaba Montiel, a metros de la columna de carros blindados y los piquetes de FF.EE. De pronto, en cosa de segundos, al retirar la antiparra para desempañarla, escuchó el detonar de una escopeta, vio el destelló de luz e inmediatamente sintió un impacto en su ojo izquierdo.
-“Fue como sentir un tablazo en la cara”, recuerda Pablo, quien cayó al piso en el acto.
El estallido del descontento
En octubre del año 2019 se inició uno de los periodos más importantes para la historia reciente del país. El lugar era Plaza Baquedano, luego denominada Plaza Dignidad por la misma gente que, durante esos días, manifestaban su descontento con el sistema neoliberal implementado en Dictadura. Esta situación, que comenzó por el aumento en $30 pesos en el pasaje del metro, hizo aparecer en las calles la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”.
Las protestas comenzaron con evasiones masivas en el Metro de Santiago. Al pasar de los días, el fervor aumentó. Hasta que el viernes 18 de octubre, las operaciones de la red subterránea fueron suspendidas debido a enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Posteriormente, este escenario se extendió a lo largo de todo el país. Al día siguiente, el expresidente Sebastián Piñera decretó Estado de emergencia en el Gran Santiago y toque de queda a partir de esa misma noche.
-“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, fue la frase dicha por el mandatario, el 20 de octubre, mientras fruncía el ceño con mirada autoritaria.
Pero las declaraciones no hicieron más que aumentar el enojo de la gente en contra de su gobierno. A su lado, lo contemplaban, el Ministro de Defensa Alberto Espina y el jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga, quien más tarde contradijo la frase del presidente y aseguró no estar en guerra con nadie.
Luego de esto, la represión de parte de la policía creció, usando escopetas con perdigones y balines, ocasionando 3.500 lesionados (7 de los cuales corresponden a fallecidos), 11 mil lesionados en general y 347 traumas oculares (5 de ellas con ceguera irreversible).
Estos sobrevivientes de la violencia estatal, no sólo cargan con el dolor físico de la lesión, sino, también lo hacen con las secuelas psicoemocionales perpetradas por quienes deberían proteger a los ciudadanos.
Sobreviviendo al trauma: “Un dolor de muela dentro de tu cabeza”
Cuando Pablo Montiel fue impactado por el arma de FF.EE y luego de levantarse del piso, vio la sangre correr, es ahí cuando fue auxiliado por su pareja y otros manifestantes, quienes lo llevaron a un punto de atención de Cruz Roja.
-“Aún tienes tu ojo”, le dijeron.
Después de las curaciones le pusieron un parche, por lo que le bajó el perfil a la situación, pero aún no sabía las irreparables secuelas que le dejaría.
Los efectos comenzaron con el pasar de las horas de recibido el impacto, “al otro día, cuando me saqué el parche, caché que no veía nada, me asusté, y dije, ya no fue solo un golpe, tenía los ojos muy hinchados y fui al Cesfam”. Le diagnosticaron desprendimiento de retina serosa, con traumatismo.
-“Me dijeron que tenía que esperar que me baje la sangre, porque no me podían ver el fondo del ojo, no sabían precisamente cuál era el daño que tenía”, explica Montiel.
“Al mes me citan para ver si me había bajado la sangre del interior de mi ojo y para poder verme el fondo. Me dicen que tenían que operarme, pegarme la retina para ver si es que podía recuperar la visión y salvar el ojo, porque si no me la pegaba, iba a perderlo y tendría que usar una prótesis. Mi ojo es inservible, lo tengo estéticamente, pero no me sirve”, comenta con resignación al recordar lo sucedido.
Las operaciones eran para poder salvar el ojo afectado porque si no lo hacían “se me podía secar como una pasa, se me iba a achicar y finalmente lo iba a perder”, dijo Montiel. Este procedimiento tardó un año en realizarse, justo en un periodo que nos afectó a nivel mundial, la pandemia del Covid-19. Pablo cuenta que a mediados de 2023 ya lleva cuatro operaciones.
Todos estos procedimientos médicos causaron aún más secuelas en su lesión, ya que él comenta que tuvo presiones oculares demasiado altas, glaucoma que le hace sentir dolores constantes, según lo describe, “es como sentir un dolor de muela, pero dentro de tu cabeza”.
“Estaba muy desesperado, el cuerpo lo sentía entumecido”
Después de que Christopher recibió el impacto de bala de parte del personal militar que estaba reprimiendo las manifestaciones en Iquique, se encontró con un par de amigos que lo reconocieron y lo llevaron al hospital. Además, una persona que se encontraba en el lugar le entregó un número de teléfono de un doctor cercano, pero fue imposible contactarlo.
Llegar al hospital fue muy difícil, ya que fue largo el camino que recorrieron para llegar al auto de uno de sus amigos. Durante la caminata tuvieron que esconderse de carabineros porque “cuando iba caminando quedé por detrás de los pacos y tenía que esquivar los camotazos que iban a los pacos. También esquivando a los mismos pacos para que no me fueran a ver, ya que nos podrían haber pescado a los 2 al pensar que los íbamos a atacar”.
-“Había un zorrillo que nos iba a atacar a nosotros mientras esperábamos a mi amigo”.
Más de una hora después de haber recibido el impacto, y luego de toda la travesía para llegar al hospital, lo hicieron pasar de inmediato. “Me inyectaron morfina y quedé súper somnoliento, no entendía nada, no me decían nada, estaba medio dormido”, dice Christopher al recordar el momento.
-“En el hospital recién comencé a sentir dolor del disparo, tenía mucha presión en la cabeza y eso me hacía doler el ojo”.
Después de la primera atención que tuvo y con todos los síntomas que tenía a raíz de su herida, se pudo contactar con su hermana y ella contactó a sus padres. Al llegar ellos, los médicos les dieron el diagnóstico. Les dijeron que era trauma ocular y que era de gravedad.
“Las familias también lo resienten a través de la falta de justicia, de la impunidad que se percibe, donde no hay reparación para las personas ni tampoco hay una reparación para las familias”.
(Camila Urrea Arias, miembro del equipo de PIRO – Programa Integral de Trauma Ocular)
Experiencia Familiar y Salud Mental
Para el entorno de las personas afectadas por la violencia estatal, también es un momento de cambios en la forma de vida. Para ejemplificar esta situación, Pía Yáñez, argentina, pareja de Pablo Montiel y que se vieron afectados por el ataque de carabineros, cuenta su experiencia del momento en que sucedió el disparo y cómo ha sido el proceso después de recibida la agresión.
Relata que fue un día muy violento cuando ocurrió, habían disparos y el olor a la pólvora, mezclado con el olor del gas lacrimógeno, el gas pimienta, era una mezcla de olores muy fuertes, “cada vez que voy a Dignidad y huelo olor a pólvora, me queda muy impregnado en mis fosas nasales”, comenta con emotividad.
“Yo estaba detrás de él cuando le dispararon y pensé que había sido el gas lacrimógeno que lo había tumbado al piso, lo levanto y lo llevé a la Cruz Roja, tenía un disparo en el hueso del ojo izquierdo. Luego lo miro y tenía el ojo, fue un alivio que lo haya tenido”, relata Pía al recordar el momento que cambió su vida y la de su pareja y padre de su hijo.
Durante su estadía en la Cruz Roja, mientras a Pablo le hacían las primeras curaciones de emergencia, presenció otro hecho de violencia desde carabineros a una joven que estaba en el lugar. En ese momento pasa la fuerza policial en formación militar disparando. Pía señala que fue como en Palestina al día de hoy, que se sentían bombazos, tiros, mezclados con el olor a pólvora y lacrimógenas.
Es en ese momento cuando los disparos de los balines impactan a una joven de no más de 20 años que recibió perdigones en la espalda, a menos de 5 metros de distancia a manos de un carabinero, “llamó a su mamá y le dijo que eso le pasaba por andar hueviando”. Pía recuerda que fue una situación muy tensa.
Antes de salir de la Cruz Roja, les dijeron que si ven que están disparando, pasarán con las manos en alto, poner la cara contra una pared y quedarse en esa posición o con las manos sobre la cabeza. Cuenta que tuvieron que caminar a oscuras cruzando La Moneda, toda la Alameda hasta los Héroes, entre las manifestaciones y los disparos de Carabineros hacia ellos.
El sistema no funciona
Los tratamientos recibidos a Pablo durante estos cuatro años han sido mínimos y de mala calidad, según Pia, le han puesto silicona viscosa detrás de la retina con puntos al interior del ojo. El procedimiento de la silicona, que le ponían detrás del ojo, “yo dije que no, que nosotros preferíamos el gas” y el médico me dijo “bueno, es un riesgo que hay que correr” y yo le dije “pudimos correr el riesgo, pero el gas que es mucho mejor que la silicona”.
También le ofrecieron un método muy riesgoso: una válvula para que fuera despidiendo líquido; algo que rechazaban porque “la válvula era peligrosa, de hecho, hay un compañero, el Nelson, que le pusieron una válvula y perdió el ojo, entonces yo no quería”.
A lo largo de este proceso, a Pablo le pospusieron su operación cinco veces. En cada ocasión le sugerían este tipo de tratamientos. Cada vez que se sometía al prequirúrgico, le realizaban el testeo de Covid, lo cual provocaba sangramiento, ya que, la raspan con los hisopos. Con pena cuenta las difíciles situaciones que han experimentado en todo este tiempo.
Su relación de pareja también se afectó. Desde el dolor constante, la frustración de Pablo, detenciones, falta de dinero y -a su juicio- abandono del programa PACTO (Plan de Acompañamiento y Cuidados a Personas Víctimas de Trauma Ocular); sumado a asuntos personales de Pía, provocaron que la relación se fuera tensando.
-“Él empezó a decirme que se iba a quedar ciego, que no iba a poder ver más y que yo lo iba a dejar de querer porque lo iba a ver ciego, que yo tenía que irme y dejarlo”.
En relación a esto, la psicóloga Urietta Torres, del Policlínico Obispo Enrique Alvear, comenta que además de la afectación físico y psicológica de las víctimas del trauma, esta situación también repercute en la familia, ya que “de un momento para otro, tener a una persona con esta condición requiere mucho apoyo, ya sea, para los desplazamientos, adecuar los espacios, tener atención médica profesional, entre otras cosas”.
Durante todo este proceso, Pía ha solicitado el acompañamiento del programa para poder enfrentar su nueva realidad, pero las puertas se le han cerrado. Pese a la necesidad de atención psicológica y de la posición de ser también víctima de violencia del estado.
Pía comenta que “todo esto es un conflicto emocional y psicológico. Es terrible y no hay ningún tipo de reparación. Ya van dos veces que voy pidiendo que me atiendan en PACTO y hoy en día no me atienden”.
Por su parte, la psicóloga clínica Camila Urrea Arias, quien fue parte del equipo de PIRO (Programa Integral de Trauma Ocular), instancia que existió antes que PACTO, atendió -y sigue atendiendo- a víctimas de trauma ocular. Así, ella señala que: “las familias también lo resienten a través de la falta de justicia, de la impunidad que se percibe, donde no hay reparación para las personas ni tampoco hay una reparación para las familias”.
De tal manera, la visión de ambas profesionales de la salud (Torres y Urrea), coinciden en que las secuelas del trauma físico y psicológico producto de la violencia política, trasciende a las familias de manera transversal. Pero, aún con esa premisa, las familias son invisibilizadas.
“Todas las personas que rodean a una víctima de trauma, van a recibir también el impacto psicológico, emocional y social del daño, partiendo, por ejemplo, del hecho de que la persona que sufre este tipo de violencia, también pierde una fuente laboral”, señala la ex profesional del programa PIRO.
Por otro lado, se hace imposible no recordar cómo en la historia de Chile, desde hace 50 años, en diferentes instancias conmemorativas del Golpe de Estado, se pide a gritos “Verdad, justicia y reparación”, como una consigna clave respecto a las violaciones a los DDHH, vividos en la dictadura.
En ese sentido, la psicóloga Urieta Torres, afirma que “puede hacerse una analogía sobre los temas de violaciones a los DDHH, donde la reparación ha ido quedando atrás. Como poniéndose a la fila”.
Suicidios y abandono: “El problema no es PACTO, el problema es el estado”
A la fecha actual, ya son 4 víctimas de trauma ocular que bajo diferentes circunstancias han puesto fin a su vida. El primero de ellos es una persona no identificada que murió en situación de calle en Valparaíso durante el 2020.
-“Él fue la primera persona que nos enteramos que falleció”, agrega Pablo Montiel.
Luego, el 10 de diciembre, en el día internacional de los Derechos Humanos, Patricio Pardo de 26 años se quitó la vida; seguido de Jonathan Vega de 32 años, con fecha de muerte en diciembre del 2022 y el último de ellos, Jorge Salvo de 30 años en junio del presente año.
Cabe señalar que a estas víctimas fallecidas de trauma ocular, se suman los suicidios de otras víctimas de la violencia estatal, como es el caso de Nadia Romero Vidal, ex presa política y activista social, y Milo Muñoz, víctima de represión por parte del Estado, ambos ocurridos en octubre y noviembre de este año respectivamente.
Durante la investigación de esta crónica, nos contactamos con el programa PACTO, ubicado en calle Condell 430, para conseguir una declaración de ellos, específicamente con la Directora, Paula Cordero, quien se identificó como enfermera coordinadora.
Ella nos expresó que desde PACTO no daban declaraciones ni siquiera a medios, ya que, ellos “solo eran un equipo médico”. También nos manifestó que no estaban permitidas tampoco tomarle fotos al lugar, nos pidió nuestro contacto con la excusa de que se comunicaría con nosotros desde el departamento de comunicaciones por si necesitábamos acceso al reglamento del programa, pero que más allá no nos podían ayudar.
Por otro lado, bajo la perspectiva de la psicóloga Camila Urrea, el programa es débil, ya que no presenta con todos los apoyos, ni los recursos, ni las voluntades políticas para que PACTO, esté a la altura de lo que las personas necesitan.
-“No obstante, pueda dar fe de que hay un equipo de profesionales que se la juegan, que está ahí para ayudar a las personas y que usa de toda su vocación para poder en parte, reparar el daño que ocasionó el mismo Estado que no intenta reparar”.
Así mismo, para la ex profesional de PIRO, es preocupante que el programa sea sólo del ámbito de la salud, ya que “esto debiera ser una política integral que considerara principalmente justicia. A mi parecer esto es una política que debería ser encabezada por el ministerio del interior”. Enfatizando que “el problema no es PACTO, el problema es el Estado y las voluntades políticas que todavía no terminan de hacerse cargo de la integralidad del daño sufrido”.
Violencia estatal: nuevas agresiones a manifestantes
El pasado domingo 10 de diciembre frente a La Moneda, en una manifestación realizada por la Coordinadora Víctimas Trauma Ocular en conmemoración de los 75 años de la declaración de DDHH, Pablo Montiel, acusa haber sido agredido nuevamente por carabineros.
Para poder reducir a Pablo, se abalanzaron sobre su cuerpo provocando diferentes lesiones, “recibí puntapiés en la cabeza, en el cuello y en el ojo, ahí estaban dirigidos, tengo la boca rota, dedos esguinzados, tengo en la espalda chichones”, dijo luego de la agresión recibida. Posteriormente fue esposado y trasladado en un carro policial a la 1ra comisaría de Santiago donde luego fue llevado a control de detención, en estos momentos se encuentra en libertad.
Eso no es todo, dentro de los afectados por el gas pimienta accionado por carabineros se encuentra su pareja Pía Yañez y su hijo Aukan de solo 2 años y 8 meses.
“Me detuvieron por una acción a las piscinas de la Moneda -recuerda Pablo- me golpearon los pacos, hubo amenazas mientras me detenían, me hicieron constatación de lesiones la cual arroja solo las lesiones leves, yo acusé que soy trauma ocular que tengo carnet de discapacidad, pero no les importó”.
La justicia injusta
En el doloroso camino de aquellos que han sido víctimas de la violencia estatal durante la revuelta social, los relatos de Pablo Montiel y Christopher Astudillo ilustran las consecuencias a largo plazo, tanto físicas como psicológicas, de enfrentarse a la represión policial. Las que hoy se repiten.
Más allá de las heridas visibles, estas historias revelan cicatrices emocionales profundas que persisten en el tiempo, afectando no solo a los individuos directamente afectados, sino que también a sus seres queridos.
El abandono por parte del Estado, representado por la falta de apoyo al programa PACTO, resalta la urgente necesidad de reformas y mejoras en la atención a las víctimas de la represión policial. La cifra de suicidios entre aquellos que sufrieron la violencia estatal subraya la importancia de abordar de manera integral las secuelas, reconociendo la magnitud del impacto en la salud mental de estas personas.
Estos testimonios también revelan un preocupante patrón de impunidad y falta de responsabilidad de parte de las instituciones gubernamentales. La represión continua, como la reciente agresión a Pablo Montiel, señala la persistencia de un ambiente hostil y la necesidad urgente de abordar las violaciones a los derechos humanos en Chile.
En última instancia, estas experiencias refuerzan la importancia de la empatía y la solidaridad en la construcción de una sociedad justa. La búsqueda de verdad, justicia y reparación, que resonó en la historia de Chile tras el Golpe de Estado, sigue siendo una exigencia válida y necesaria hoy en día. La lucha contra la impunidad y la violencia debe ser una prioridad, destacando la importancia de proteger los derechos fundamentales y garantizar una respuesta integral para aquellos que han sufrido las consecuencias de la represión.