La historia se remonta a octubre de 2019, iban dos semanas de la revuelta social. Pablo Montiel y su pareja Pía Yáñez, fueron a la plaza Dignidad. Ella documentaba los hechos de la marcha, también barricadas y enfrentamientos con la policía. “Ese día los pacos disparaban como si estuvieran en una guerra”, recuerda Pablo.

 

Por: Diego Quintanilla, Josefa Guajardo y Tiery Aravena.

 

(Versión actualizada)

“Anduvimos por varios lados: en Vicuña Mackenna, por el Forestal, luego nos dimos la vuelta por el GAM y avanzamos por la Alameda. Aún quedaba mucha gente y los pacos estaban reprimiendo para echar a los que quedamos”, relata el padre de dos hijos.

Entre las multitudes congregadas en centros y plazas para exigir diversas demandas ciudadanas, había personas que expresaban su descontento entre el ruido de cacerolas, silbatos y al son de diversas reivindicaciones sociales. Al mismo tiempo, en los extremos de las manifestaciones, se encontraban personas que intentaban frenar la represión de las FFEE.

Pablo era uno de ellos, y al igual que miles de personas que en acto de autodefensa se hacían parte de la primera línea, enfrentaban los embates de la policía para que otros pudieran manifestarse en paz.

La calle era un campo de batalla. Por un lado las fuerzas represivas ejecutaban su ataque disuasivo mediante bombas lacrimógenas y el disparo de perdigones. Mientras que en el otro frente, los manifestantes regresaban las bombas, lanzaban piedras y los explosivos artesanales conocidos como molotov, además se cubrían con improvisados escudos de lata, madera o cualquier material disponible en el espacio público.

 

 

Cuando cayó la noche, él y Pía se encontraban en la intersección de las calles Ramón Corvalán con Carabineros de Chile. Para ese punto ya quedaban pocas personas resistiendo en el sector. Entre el humo de las barricadas y las piedras sembradas por la calle, estaba Pablo, a metros de la columna de carros blindados y piquetes de FFEE.

De pronto, en los segundos donde se retiró la antiparra para desempañarla, escuchó los disparos de escopeta, vio un destelló de luz e inmediatamente sintió un impacto en su ojo izquierdo.

“Fue como sentir un tablazo en la cara”, recuerda Montiel, quien cayó al piso en el acto.

 

Un estudio de médicos chilenos publicado en la revista Eye, cifró al 30 de noviembre, que 259 pacientes se atendieron en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador.

 

 

 

“Pensé que me habían pegado un combo en el ojo”

 

Cristopher Astudillo, es de la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Al igual que Pablo Montiel y cientos de personas en todo el país, es víctima de trauma ocular, desde que sufrió una agresión a manos de militares del regimiento Cavancha el domingo 20 de octubre de 2019.

Cristopher recuerda que ese día el llamado era a manifestarse en la plaza del centro, el recorrido consistía en bajar por la avenida principal hasta la playa y llegar a la Universidad Arturo Prat. La marcha no era violenta. Dentro de los asistentes había sobrevivientes del golpe militar y adultos mayores, así como también, momentos de paz durante el recorrido que le cambió la vida.

Fue cerca de las 20:00 horas cuando ocurrió la tragedia. “Ya se veía el atardecer, todavía quedaba un poco de luz del sol”, recuerda. Al llegar al regimiento “sólo se percibía una micro de pacos, y un par de uniformados que comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y de ruido”.

“Salieron los milicos con trajes de guerra. Yo estaba en la puerta principal, en diagonal hacia ellos y es ahí cuando me apuntaron y dispararon. Directo a la cara, al ojo izquierdo. Aún tengo la estructura, pero no veo nada. Tengo el nervio óptico cortado y la retina destrozada”.

Luego del disparo, Cristopher estuvo hospitalizado tres días en Iquique para posteriormente ser trasladado a Santiago.

 

 

Estado de guerra contra manifestantes

 

Aquel mismo domingo 20 de octubre en que a Cristopher un militar le disparó al ojo, otros uniformados en La Serena dieron muerte al joven ecuatoriano de 17 años, Romario Veloz, en Coquimbo, Kevin Gómez corrió la misma suerte, todo en el norte del país. Mientras tanto, en las cercanías del metro Del Sol en Maipú, en Santiago, al menos tres carabineros dieron una fatal golpiza a Alex Núñez.

Esa misma noche, el expresidente Sebastián Piñera declaraba ante todo el país que Chile estaba “en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”. Y estaba en todo lo cierto.

Una investigación del medio Ciper reveló que, en las primeras dos semanas de Estallido Social, Carabineros disparó 104.341 cartuchos calibre 12 con escopetas antidisturbios, siendo un total de 1.252.092 perdigones (12 proyectiles por tiro).

Como Santiago fue el epicentro de las protestas, también fue donde se concentró el mayor número de traumatismo ocular. Un estudio de médicos chilenos publicado en la revista Eye, cifró al 30 de noviembre, que 259 pacientes se atendieron en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador.

De los casos registrados en este recinto, que es el único de la Región Metropolitana, 182 fueron por proyectiles de impacto cinético, es decir, perdigones, balines y también super-shock (bolsas rellenas de pequeños perdigones), que, si bien son menos letales, son capaces de causar lesiones graves e inclusive la muerte.

 

 

En este recinto asistencial, casi el 50% de los pacientes atendidos presentó discapacidad visual grave o ya estaban ciegos durante el primer examen.

El estudio comparó casos de traumas oculares en otras partes del mundo. En pocas semanas, Chile superó a la mayor cifra comparada de trauma ocular por impacto cinético, que se situaba en el conflicto palestino-israelí con 154 casos en el periodo de 1987 a 1993.

De acuerdo con información de la Fiscalía Nacional, desde el inicio de las protestas hasta la fecha indicada por la publicación de Revista Eye, se recibieron 5.558 denuncias por violaciones a Derechos Humanos (DD.HH.). De ellos, 285 correspondieron a víctimas por daño ocular.

 

Un dolor de muela dentro de tu cabeza

 

Cuando Pablo Montiel fue impactado por el arma de FFEE y luego de levantarse del piso, vio la sangre correr, es ahí cuando fue auxiliado por su pareja y otros manifestantes.

“Yo estaba detrás de él cuando le dispararon y pensé que había sido el gas lacrimógeno que lo había tumbado al piso. Lo levanté y lo llevé a la Cruz Roja. Tenía un disparo en el hueso del ojo izquierdo. Luego lo miro y tenía el ojo, fue un alivio que lo haya tenido”, relata Pía al recordar el momento que cambió su vida y la de su pareja.

Después de las curaciones, le pusieron un parche en el ojo. Cuando se iban, en la Cruz Roja les dijeron que, si veían que estaban disparando, pasaran con las manos en alto, con la cara hacia una pared y se quedarán en esa posición, con las manos sobre la cabeza.

Cuenta que tuvieron que caminar a oscuras por el centro de Santiago, cruzando por el Palacio La Moneda y toda la Alameda hasta la estación de metro Los Héroes. En ese momento, Pablo no imaginaba las secuelas irreparables que sufriría.

 

 

De acuerdo con información de la Fiscalía Nacional, desde el inicio de las protestas hasta fines de noviembre de ese año, se recibieron 5.558 denuncias por violaciones a Derechos Humanos. De ellos, 285 correspondieron a víctimas por daño ocular.

 

 

 

Las consecuencias del impacto se hicieron sentir con el pasar de las horas. “Al otro día, cuando me saqué el parche, caché que no veía nada, me asusté y fui al Cesfam”. Le diagnosticaron desprendimiento de retina serosa, con traumatismo.

“Me dijeron que tenía que esperar que me baje la sangre, porque no me podían ver el fondo del ojo, no sabían precisamente cuál era el daño que tenía”, explica Montiel.

Con resignación, relata que “al mes me citan para ver si me había bajado la sangre del interior de mi ojo y para poder verme el fondo. Me dicen que tenían que operarme. Pegarme la retina para ver si es que podía recuperar la visión y salvar el ojo, porque si no me la pegaba, iba a perderlo y tendría que usar una prótesis. Mi ojo es inservible, lo tengo estéticamente, pero no me sirve”.

Las operaciones eran para poder salvar el ojo afectado porque si no lo hacían “se me podía secar como una pasa, se me iba a achicar y finalmente lo iba a perder”, dijo Montiel. Este procedimiento tardó un año en realizarse, debido a la pandemia del Covid-19.

Todos estos procedimientos médicos causaron aún más secuelas en su lesión. Comenta que tuvo presiones oculares demasiado altas y glaucoma que le provoca dolores constantes, según lo describe, “es como sentir un dolor de muela, pero dentro de tu cabeza”.

 

“Estaba muy desesperado, el cuerpo lo sentía entumecido”

 

Después de que Christopher recibió el impacto de parte del personal militar que estaba reprimiendo las manifestaciones en Iquique, se encontró con un par de amigos que lo reconocieron y lo llevaron al hospital. Además, una persona que se encontraba en el lugar le entregó un número de teléfono de un doctor cercano, pero fue imposible contactarlo.

Llegar al hospital fue muy difícil, ya que fue largo el camino que recorrieron para ir al auto de uno de sus amigos. Durante la caminata tuvieron que esconderse de carabineros porque “cuando iba caminando quedé por detrás de los pacos y tenía que esquivar los camotazos de los cabros que iban a los pacos. También esquivando a los mismos pacos para que no me vieran, ya que nos podrían haber agarrado al pensar que los íbamos a atacar”.

“Había un zorrillo (carros lanza gases) que nos iba a atacar a nosotros mientras esperábamos a mi amigo”, asegura.

Más de una hora después de haber recibido el impacto y luego de una larga travesía para llegar al hospital, ingresaron de inmediato. “Me inyectaron morfina y quedé súper somnoliento, no entendía nada, no me decían nada, estaba medio dormido”, afirma Christopher.

“En el hospital recién comencé a sentir dolor del disparo, tenía mucha presión en la cabeza y eso me hacía doler el ojo”.

Después de la primera atención, pudo contactarse con su hermana y con sus padres. Al llegar la familia, los médicos les dieron el diagnóstico: trauma ocular y era de gravedad.

 

Del PIRO de Piñera al PACTO de Boric

 

Frente al elevado caso de lesiones oculares provocadas por el actuar fuera de protocolo y el uso desmedido de la fuerza de Carabineros, el 11 de noviembre del 2019 el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la creación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO). Con el objetivo de brindar atención médica, estética, funcional y apoyo psicológico a las víctimas.

 

 

Tal programa funcionaba en el Hospital del Salvador de Santiago y sólo contaba con un psiquiatra, un psicólogo, un oftalmólogo, un terapeuta ocupacional, un tecnólogo médico, un rehabilitador ocupacional, dos trabajadores sociales, un técnico de apoyo y un administrativo. Todo ello para atender a cerca de 397 víctimas de todo el país.

El 21 de abril del 2021, un Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputados, criticó que “la dotación de profesionales es mínima e insuficiente en relación con el número de víctimas en todo el país que se deben someter a tratamiento con cada especialista”.

En julio del 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric, creó el Plan de Acompañamiento y Cuidados a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), con el fin de fortalecer el programa de la administración anterior. La iniciativa no varió mucho, pero al menos, logró descentralizarse, expandiéndose a distintos centros de salud en regiones.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han sido críticas al señalar que el programa no atiende a víctimas no oculares, además, del hecho de existir problemas en el financiamiento, ya que, en el 2023 la Cámara de Diputados disminuyó un 100% el presupuesto especial asignado para el año siguiente.

En la actualidad, el programa PACTO (ex PIRO), ha sido la única iniciativa en reparación a las víctimas que ha implementado el Estado.

 

El sistema no funciona

 

Los tratamientos recibidos por Pablo Montiel durante estos años han sido mínimos y de mala calidad. Su pareja, Pía Yáñez, relata con pena las difíciles situaciones que han experimentado. Ella señala que a su compañero le han puesto silicona viscosa detrás de la retina y puntos al interior del ojo.

“Cuando me informaron del procedimiento yo dije que no, que nosotros preferíamos el gas y el médico me dijo: “bueno, es un riesgo que hay que correr”. Yo no quería eso”, sincera Pía.

Además de eso, le ofrecieron otro método muy peligroso: una válvula para que fuera despidiendo líquido; algo que rechazaban porque “la válvula era riesgosa, de hecho, hay un compañero, el Nelson, que le pusieron una válvula y perdió el ojo”.

 

 

A lo largo de este proceso, a Pablo le pospusieron su operación cinco veces. En cada ocasión le sugerían este tipo de tratamientos. Cada vez que se sometía al prequirúrgico, le realizaban el testeo de Covid, lo que provocaba sangramiento, ya que, le raspaba las fosas con los hisopos.

Más allá de la afectación física y psicológica que viven las personas víctimas de trauma ocular, la situación también repercute directamente en sus familias. En ese sentido, la psicóloga Orietta Torres, del Policlínico Obispo Enrique Alvear, comenta que, “de un momento para otro, tener a una persona con esta condición requiere mucho apoyo, ya sea, para los desplazamientos, el hecho de adecuar los espacios o tener atención médica profesional, entre tantas otras cosas”.

Por su parte, la psicóloga clínica Camila Urrea Arias, quien fue parte del equipo de PIRO y atendió -y continúa atendiendo- a víctimas de trauma ocular, asegura que “las familias también lo resienten a través de la falta de justicia, de la impunidad que se percibe, donde no hay reparación para las personas ni tampoco hay una reparación para las ellos”.

La profesional agrega que existen otros problemas asociados como la pérdida de trabajo, lo que acentúa aún más el impacto psicológico, emocional y social.

Para ambas profesionales de la salud, las secuelas del trauma físico y psicológico producto de la violencia política, trasciende a las familias de manera transversal. Pero, aún con esa premisa, las familias son invisibilizadas.

Durante todo este proceso, Pía ha solicitado el acompañamiento del programa para poder enfrentar su nueva realidad, pero las puertas se le han cerrado. Comenta que “todo esto es un conflicto emocional y psicológico. Es terrible y no hay ningún tipo de reparación. Ya van dos veces que voy pidiendo que me atiendan en PACTO y hoy en día no me atienden”.

 

Suicidios y abandono: “el problema es el Estado”

Transcurrido un lustro desde las masivas movilizaciones de octubre de 2019, ya son, al menos cinco personas víctimas de violencia estatal que tomaron la determinación de poner fin a su vida. El primero dentro de las víctimas de trauma ocular, es un hombre no identificado que murió en situación de calle en Valparaíso durante el 2020.

“Él fue la primera persona que nos enteramos que falleció”, asegura Pablo Montiel.

Luego, el 10 de diciembre, en el día internacional de los DD.HH., Patricio Pardo de 26 años se quitó la vida; seguido de Jonathan Vega de 32 años, con fecha de muerte en diciembre del 2022; Jorge Salvo de 30 años en junio del 2023, por último, Sebastián Méndez, el 18 de octubre del 2024 en el quinto aniversario del Estallido Social.

 

 

Cabe señalar que a estas víctimas fallecidas de trauma ocular, se suman los suicidios de Nadia Romero Vidal y Milo Muñoz, víctimas de represión por parte del Estado, ocurridos en octubre y noviembre del 2023 respectivamente.

Durante la investigación de este reportaje, la enfermera coordinadora Paula Cordero, directora del Programa PACTO expresó que no daban declaraciones ni siquiera a medios, ya que, ellos “solo eran un equipo médico”, por lo que no fue posible obtener una análisis por parte de esta iniciativa estatal.

Bajo la perspectiva de la psicóloga Camila Urrea, el programa es débil, ya que no presenta con todos los apoyos, ni los recursos, ni las voluntades políticas para que PACTO, esté a la altura de lo que las personas necesitan.

“No obstante, puedo dar fe de que hay un equipo de profesionales que se la juegan, que está ahí para ayudar a las personas y que usa toda su vocación para poder en parte, reparar el daño que ocasionó el mismo Estado que no intenta reparar”.

Asimismo, para la ex profesional de PIRO, es preocupante que el programa sea sólo del ámbito de la salud, ya que “esto debiera ser una política integral que considere principalmente justicia. A mi parecer esto es una política que debería ser encabezada por el Ministerio del Interior”.

En tal sentido, Camila enfatiza que “el problema no es PACTO, el problema es el Estado y las voluntades políticas que todavía no terminan de hacerse cargo de la integralidad del daño sufrido”.

 

Silenciosa cuenta regresiva a la impunidad

 

Desde el 18 de octubre del 2024, en Chile comenzó la silenciosa cuenta regresiva de prescripción de casos por violaciones a los DD.HH. derivadas de la brutalidad policial y con ello, la consagración de la impunidad.

Pocos días antes del quinto aniversario del Estallido, durante una entrevista para Radio JGM, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, advirtió que “de 10.152 denuncias ingresadas a Fiscalía, hasta el momento, solamente tenemos 43 condenas”.

Son alrededor de 1.400 causas las que siguen vigentes y “de esas entre un 80-90% tienen riesgo de prescribir por haber transcurrido cinco años desde los hechos”.

En tal sentido, el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2024, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha explicado que las vulneraciones perpetradas, tienen el denominador común de ocurrir en “espacios donde los medios de prueba resultan complejos de reunir: en sitios de privación de libertad o durante escaramuzas callejeras”. Un panorama dificulta la determinación de las responsabilidades.

“No se puede sino concluir que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de los procesos de justicia”, sentencia el mismo informe.

 

La injusta justicia

En el doloroso camino de quienes han sido víctimas de la violencia estatal durante la revuelta social, los relatos de Pablo Montiel y Christopher Astudillo, ilustran las consecuencias que han enfrentado, tanto de manera física como psicológica los cientos de víctimas de trauma ocular.

Más allá de las heridas visibles, estas experiencias revelan cicatrices emocionales profundas que persisten en el tiempo. Heridas que afectan tanto a quienes las sufrieron directamente como también a sus seres queridos. Al mismo tiempo, la preocupante cifra de suicidios entre quienes padecieron la violencia estatal durante la revuelta social, resalta la necesidad urgente de una respuesta integral.

El abandono estatal, que se plasma en la falta de apoyo al programa PACTO, desnuda la desprotección en la que quedaron muchas víctimas y también reflota las deudas del Estado de Chile que se arrastran desde las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar (1973-1990).

La indiferencia ante el sufrimiento de estas víctimas, la impunidad y el abandono, demuestran que los pilares de la justicia transicional (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición) junto con no cumplirse, aparece cada tanto a través de distintas manifestaciones de violencia estatal que atentan contra los derechos humanos en Chile.

 

 

Edición: Ignacio Paz Palma.