El 8 de diciembre de 2010, en la cárcel de San Miguel, ocurrió la peor tragedia carcelaria de la historia de Chile. Una riña derivó en un incendio en el ala sur de la torre 5 que terminó con la vida de 81 reos, luego de fallar los protocolos de evacuación de Gendarmería.
Por Diego Quintanilla Matus.
César Pizarro es hermano de Jorge, una de las víctimas de la tragedia, que junto a otros familiares formaron la ONG 81 Razones, la cual preside. Organización que nació para conmemorar y exigir justicia por quienes murieron aquella noche de diciembre. Pizarro establece que la indemnización definida por la justicia es una burla y lamenta que Gendarmería jamás ha reconocido su responsabilidad en la catástrofe a pesar que sí lo han hecho algunos funcionarios de manera personal.
Han pasado casi 13 años desde el incendio y los 8 de cada mes se hace un acto conmemorativo afuera de la cárcel, ¿Cómo ha sido estar permanentemente presente exigiendo justicia?
A pesar del vacío que se generó, ha sido una bonita experiencia. Como todo pasa en el mundo, primero se genera expectativa, está la gente, la televisión, la radio, pero obviamente todo se diluye en el tiempo. Si bien los 8 de cada mes no hay mucha gente, sí en diciembre cuando se conmemora el día exacto lo está. A veces pueden ser 100, otras veces 50, puede ir variando según la convocatoria o lo que vaya pasando en la situación país.
Pizarro asegura que 81 Razones tiene una fuerza anónima, invisible, que sale a la luz cuando se necesita ayudar a los presos: “el hecho de denunciar las torturas, los apremios ilegítimos, cuando nos organizamos con los papás y las mamás o hacemos alguna actividad. De ahí que se nos reconozca desde las cárceles como una agrupación seria que reconoce y tiene conciencia de las personas privadas de libertad”.
El 19 de noviembre del 2020, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado pagar alrededor de $3.600 millones de indemnización a los familiares de los 81, monto que se dividió entre las familias y se repartió en función del vínculo que tenía con las personas que perdieron la vida, ¿Cómo tomó la agrupación la resolución del caso?
La familia que más recibió fueron 81 millones, para nosotros los montos parecieron una burla. Durante la resolución del Juzgado, la jueza en una parte dijo “la plata del Estado no es eterna, así que no tenemos que darle los montos que están pidiendo”. A mí me asignaron 5 millones, lo cual fue una vergüenza, yo prefería o no recibirlo o donarlo a la misma ONG y hacer una causa social.
Todo esto a comparación del caso del avión de la Fuerza Aérea que se estrelló en Juan Fernández. Esas familias demandaron por 100, 200 millones por persona (un total de $1.286.660.160 divididos entre los familiares de las 21 víctimas) y el Fisco no puso ninguna objeción.
¿Por qué nadie de Gendarmería fue condenado?
Si bien el Estado es quien asumió la culpa, desde Gendarmería nunca pidieron disculpas públicas, pero sí lo hicieron muchos funcionarios. Yo llegué a los funcionarios responsables y me han reconocido que fueron culpables, siempre han sido las personas, pero como institución nunca han asumido la responsabilidad.
Tenemos un memorial que está afuera de la cárcel de San Miguel, que lo hicieron a petición nuestra y hace tres meses se cayó un trozo de placa, pero no han tenido la dignidad de llamarme y decir que van a reponer la placa donde están los nombres de los 81. A nivel gubernamental no hay ningún reconocimiento, no han querido reconocer que lo que pasó en San Miguel fue un crimen de Estado. Lo que falta es el reconocimiento del Estado, que nos brinde como familias apoyo psicológico, asistencia a salud física, algo.
¿Cuál es la deuda que aún mantiene el Estado con las familias?
Más allá de la indemnización, que eso debe ser para todo ciudadano cuando se comete una negligencia, lo que falta es el reconocimiento del Estado, que nos brinde como familias apoyo psicológico, asistencia a salud física, algo. Y no sólo con nosotros, sino con las víctimas de los militares de Antuco, si se cayó un avión o se le murió a alguien un hijo en un hospital.
Hace poco un gendarme en la cárcel de Valparaíso se suicidó, ¿Qué pasa con esa familia, con esa esposa? el gendarme se pegó un tiro en la cabeza porque las condiciones laborales son horribles. Tiene que haber un departamento de reparación a víctimas de negligencias del Estado, algo ético.
Yo llegué a los funcionarios responsables y me han reconocido que fueron culpables, siempre han sido las personas, pero como institución nunca han asumido la responsabilidad.
Bastián Arriagada, un joven de 22 años que fue detenido por andar vendiendo películas piratas en San Bernardo, murió en el incendio por estar en prisión preventiva. Al momento de la tragedia había 1.956 internos en San Miguel, cuando el recinto estaba diseñado para albergar a 800, ¿Existe un abuso de la prisión preventiva?
Bastián no debería haber estado ahí, estaba vendiendo CD ‘s pirata, pero al mismo tiempo estaba trabajando y muchos otros presos debieron haber estado en otro lugar. Hay mucha gente en San Miguel, la mayoría de las internas está por microtráfico y hurto reiterativo. Esto porque la única herramienta que tiene el Estado chileno, la justicia, es mandarlos a prisión preventiva, existe demasiado abuso de la medida.
Si alguien comete un delito y roba por querer tener dinero, deberían mandarlo a estudiar, capacitarlos o hacer trabajos comunitarios. Si alguien delinque por droga, que la mayoría es por consumo, deberían tratarle ese consumo. Atacar el problema de raíz, darle la oportunidad por el ámbito legal.
La reinserción social debería ser el primer objetivo de la prisión preventiva. El Estado no se mete la mano al bolsillo. En reinserción social no se invierte nada, a diferencia de las millonadas que se invierten en aparato represivo, balines de goma, carros blindados, bastones retráctiles, etc.
Condiciones carcelarias
Luego de un incendio en diciembre de 2010, se trasladó a los internos a distintas unidades penales de la Región Metropolitana. Durante el 2012, la cárcel de San Miguel pasó a ser Centro Penitenciario Femenino (CPF) para mujeres imputadas, ¿cuánto han cambiado las instalaciones de seguridad y condiciones de vida en el actual CPF San Miguel?
La cárcel estaba hecha para que si hubiese un incendio o un terremoto se murieran todos. Porque es un cuadrado de cemento de cinco pisos con una sola puerta y no tenía salida de emergencia. Después del incendio sí hicieron una salida por la calle Ureta Cox, que es una puerta con una escalera de emergencia, que cuando preguntamos por las llaves no las encontraban.
Pusieron unos paneles solares para el agua caliente, pero la infraestructura sigue siendo la misma. En seguridad no ha avanzado nada. Se estancó y sigue siendo la misma prehistoria del 2010, los candados y el gendarme a metros de la situación donde pueda pasar algo. Si vuelve a ocurrir una situación así, los presos van a volver a morir quemados.
¿En qué condiciones se encuentran las internas del CPF?
A veces no hay agua caliente, las ventanas están rotas y hay pura humedad. Las mujeres que están con hijos sí tienen una sala de asistencia, pero tampoco las atienden, tienen puro paracetamol. Ya se han muerto tres presas porque no las atienden, siendo que la cárcel está a minutos del Hospital Barros Luco. Se murió la Keisy y otras dos chicas más que no recuerdo los nombres.
No hay psiquiatra o si lo hay tienen atención una vez al mes, lo mismo que con las matronas. Todo sigue siendo negligente, ¿Por qué? porque es la población reclusa común. Ahí nosotros diferenciamos lo que pasa en Capitán Yaber, donde están todos los presos de lujo (empresarios, políticos, etc) o Punta Peuco, donde están los criminales de lesa humanidad. Para ellos si existe la ley, si existen las garantías constitucionales.
