Más de 81 mil familias viven en los 969 campamentos a lo largo de todo Chile, de acuerdo al estudio presentado en marzo de 2021 por la fundación Techo, según esta institución, si se compara con el catastro del año 2019 del Ministerio de Vivienda y Ubanismo, Minvu, el aumento de las familias en estas condiciones es del 73,5% y la cantidad de campamentos sube en un 20,8%. Cabe preguntarse entonces si existen políticas de Estado que apunten a esta problemática y qué tan eficiente son.
En entrevista para el periódico La Calle, Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, establece que no existen políticas claras, lo que responde a un desorden institucional que confluye en la existencia del gran número de campamentos y que además no hay un interés real en construir casas para las personas más pobres. Asimismo, Herman expresa una dura crítica ética a la manera en que se encara el negocio inmobiliario donde asegura que la demanda de este sector la fijan “los mismos privados que desarrollan estos proyectos”, quienes se acogerían a privilegios tributarios a través de la práctica de las rentas residenciales.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas estatales actuales que existen para optar a viviendas sociales?
Acabo de saber que en el Congreso se rechazó un proyecto de ley del Gobierno que buscaba tener un marco regulatorio para crear las figuras de las viviendas de integración social y urbana. Esto fue rechazado el 26 de mayo, con el argumento que, por tratarse de una situación de largo aliento, era mejor esta materia resolverla dentro de la nueva constitución. Entonces los 155 constituyentes tendrán que abordar esta situación de las viviendas sociales y urbanas, por lo tanto, ese proyecto quedó en nada.
Herman establece de manera categórica que no existen políticas claras que apunten a terminar con los campamentos y que esto responde a una “desorden institucionalizado tremendo que permite que aún existan miles de familias viviendo en condiciones vergonzosas para un país que se muestra como un país civilizado”.
¿Y qué pasa entonces con el segmento más vulnerable de la población?
En el ámbito de construcción de viviendas para la gente más pobre, no hay ningún interés – agrega Herman- Aquí lo único que se hace a través de políticas, o más bien prácticas promovidas por el Minvu, es facilitar la construcción de viviendas que no están orientadas para los más pobres, sino para la llamada clase media y de ahí para arriba, estimulando lo que ellos llaman renta residencial, es decir, para que algunos lucren con las rentas que generan estos arriendos, tomándose en cuenta que como todas son viviendas “económicas”, acogidas a una figura que se llama DFL2, tienen infinidad de beneficios tributarios, el más grotesco de todos es que por las rentas, cuyos propietarios reciben mensualmente por parte de los arrendatarios, están exentos de declarar en el pago de impuestos del global complementario.
Hace algunos meses atrás, al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le mandamos una documentación que emanaba del SII en donde se describían qué cantidades de viviendas tenían algunos particulares que se beneficiaban de estos privilegios tributarios. Hay personas que tienen 100, 200, mil, hasta dos mil viviendas, personas jurídicas y naturales, y no pagan ni un peso por nada ¡no sé en qué habrá quedado eso! Esa es mi opinión respecto al Minvu, estamos muy molestos.
¿En qué parámetros se enmarca la construcción de las viviendas frente a las necesidades de los solicitantes?
Eso no está considerado en ninguna parte, aquí cada comuna establece su plan regulador comunal como estima conveniente. Hoy el negocio más lucrativo para el sector de la construcción es construir viviendas que tengan entre 20, 25, hasta 40 metros cuadrados. Tenemos el caso de los “guetos verticales” en la comuna de Estación Central, todas esas “moles” de 35 a 40 pisos, en donde hay 500, 600 y 700 departamentos son todas ilegales y ahí están todos haciéndose los lesos, aquí se construyen las viviendas de acuerdo a la demanda que la establecen los privados que desarrollan estos proyectos. Tal como les dije anteriormente, lo que está de moda ahora es la renta residencial, acogiéndose a todos estos privilegios tributarios.
¿Cuáles son los criterios y requisitos de selección que se aplican ante la entrega de este beneficio?
De partida que sean familias pobres o vulnerables, se les impide a estas familias que si se hacen acreedores a las viviendas con subsidios puedan arrendarla, o sea se les prohíbe por 5 años arrendarlas, pero un alto porcentaje de estas familias igual las arriendas, o sea no se cumple la ley, lo cual tampoco es de extrañar.
El tema más gravitante y urgente, es el hecho de que el Estado de Chile se comprometa para que en un plazo máximo de 5, 6 o 7 años máximos se terminen los campamentos, eso es indignante, no podemos tener campamento, tenemos que darles prioridad a las familias más pobres.
Según Herman, no existe interés en construir para la gente más pobre. Asegura que lo único que se hace a través de políticas es facilitar el levantamiento de viviendas para la clase media y alta, estimulando el lucro a través de la renta residencial, que generan los arriendos de estas casas o departamentos económicos, acogidas a la figura DFL2. Entre otros beneficios, explica, los propietarios están exentos de declarar en el pago de impuestos del global complementario.
Impacto de las políticas públicas
Herman insiste que no existe una política coherente que apunte a la solución del problema de la vivienda en Chile, el Estado no se hace cargo, expresa, y él solo reconoce iniciativas aisladas con el caso de Las Condes, pero que no obedece a una estructura estatal sólida.
¿Cuál es el alcance que tienen las políticas estatales al momento de entregar una solución efectiva para obtener una vivienda?
No hay una política coherente, no hay un interés supremo por parte del Estado, cuando hablo del Estado me estoy refiriendo exclusivamente al Minvu para abordar correctamente esta situación. El alcalde Lavín habla mucho de viviendas sociales que está ejecutando en Las Condes, lo cual es efectivo y son iniciativas interesantes, pero el tema de fondo es que no hay una política consistente y seria para abordar esta situación. Ahí estamos al debe, tenemos un déficit de vivienda en Chile.
Según los últimos datos entregados por el Minvu, durante el 2020 solo se otorgaron cerca de 74.000 subsidios de un total de más de 200.000 postulantes. Bajo su perspectiva ¿Nos encontramos frente a una crisis habitacional?
Hace casi 2 años atrás tuvimos una reunión con el ex ministro del Minvu, Cristián Monckeberg, en el cual le hicimos una propuesta muy concreta para que un porcentaje de los miles de departamentos construidos de manera ilegal en la comuna de Estación Central, en estos guetos verticales, se les entregara en propiedad a familias vulnerables.
Aquí estamos hablando de inversiones de 1.500 millones de dólares con un porcentaje de utilidad del orden de 300 o 400 millones de dólares. Entonces para que haya una cierta equidad y justicia social, le propusimos por escrito, esta nota la tiene Ward, pero ¿Qué han hecho ellos con esta propuesta de compensación a la gente más pobre del país? No se oye a nadie, todo el mundo se hacen los lesos.
Falta de fiscalización
Ante la construcción de viviendas, y considerando situaciones donde las casas se entregan en malas condiciones o son muy pequeñas ¿Qué ocurre con los procesos de fiscalización de construcciones y estándares de calidad de estas mismas?
Hay que tomar en cuenta que todas estas viviendas sociales no las construye el Estado. Se le asigna estas tareas a empresas constructoras, muchas son irresponsables y construyen mal, ahí el perjuicio lo asumen las personas que están viviendo. Basta ver la televisión y las noticias que aparecen en diferentes medios para darse cuenta que es creciente la construcción de viviendas que se caen, cuando llueve un poco más de la cuenta se mojan, algo terrible, muchas veces estas viviendas se tienen que demoler, y esto significa una pérdida tremenda para el Estado. Constituir mal es muy caro, los únicos que ganan cuando se construye mal son las empresas constructoras, el que pierde es el Estado.
¿Qué medidas de fiscalización se pueden implementar para regular la correcta construcción e infraestructura de viviendas sociales?
El tema pasa por un trámite que se llama recepción final de obras. Hay que exigir mayor compromiso por parte de los funcionarios del Estado, para que esas recepciones finales de obras sean serias, no como hoy día. Incluso, muchas veces se firman los formularios o los oficios, sin ir, sin que los arquitectos o los constructores tengan que verificar que las construcciones están bien ejecutadas, las llegan y firman no más en sus propias oficinas. Entonces el tema pasa por tener responsabilidad y ese es un bonito desafío que tenemos, yo creo que con una nueva constitución las cosas van a cambiar para bien.
¿Qué modificaciones tendrían que enfrentar las políticas públicas actuales para regular el déficit habitacional que enfrenta el país?
Aquí hay una inacción absoluta. Falta una política de Estado consistente y responsable, como la que existen en los países desarrollados de Europa, los países nórdicos, donde el Estado sí se preocupa de los ciudadanos. Hay un Estado social de mercado, aquí hay un Estado de libre mercado, salvaje, no hay mayor interés en abordar las situaciones de los más pobres. El Estado le dice a los chilenos arréglenselas como puedan. Aquí lo que manda es el dinero, si no hay plata no se construyen viviendas y si no se construyen viviendas siguen aumentando los campamentos.
Por Daniela Fuentes, Thiara Julio y Priscilla Riffo.
