El derecho a la vivienda es un tema que en las últimas décadas no se ha tratado como un problema humanitario, la mejor demostración de esto es el déficit habitacional que, acrecentado por la pandemia y su respectiva crisis, reportaba al año 2021 una falta de al menos 600 mil hogares a lo largo del territorio nacional.
La Convención Constitucional, en el marco de las discusiones de derechos fundamentales, aprobó el artículo consagratorio a que “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”, indica el inciso.
El estado actual del derecho a la vivienda es precario para chilenos y, aún más, para migrantes. Diversas encuestas y estudios de la condiciones de vivienda entre 2017 y 2021 , se aprecia, en un primer punto, la presencia de hacinamiento, existiendo un mayor porcentaje de personas migrantes viviendo en hogares con dicha condición (19%), que en los nacidos en Chile (7%).
Otro aspecto importante, es el acceso a la vivienda, el porcentaje de personas migrantes que residen en vivienda propia (15%), es bastante menor de quienes nacieron en Chile (67%). Por otro lado, hay más de 800 campamentos a lo largo del territorio nacional, con alrededor de 3 mil familias viviendo en estos espacios, de las cuales el 30% correspondería a familias migrantes.
Catalina Bosch vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y ex candidata a constituyente por el distrito 9, establece que con la crisis de salud buena parte de la población migrante tuvo dificultades para sostener la vida, “tampoco tenían acceso a los pocos beneficios que el Estado fue entregando”, Además, asegura que es fundamental “que todas las políticas que se desarrollen en materia de vivienda no discriminen a los ciudadanos extranjeros” y agrega que la viviendas estatales deben ser “de precios acorde a los ingresos”.
¿De qué manera la pandemia y la actual inflación han golpeado con más fuerza a la población migrante?
Según lo que hemos apreciado y también lo que dicen encuestas como la Casen 2020, uno de los grupos más golpeados por la pandemia y su respectiva crisis económica fue la población migrante.
Por ejemplo, se podía ver que en los distintos albergues donde se refugiaban ciudadanos migrantes, simplemente no tenían cómo sostener la vida y tampoco tenían acceso a los pocos beneficios que el Estado fue entregando. Inicialmente no hubo ningún tipo de ayuda, y las pocas que aparecieron dejaban fuera a una parte importante de la población migrante, principalmente a quienes se encontraban en irregularidad o también casos en que los migrantes no poseían cotizaciones previsionales o fichas de protección social.
Para usted ¿Cuál es la definición de una vivienda digna y adecuada?
La vivienda es una necesidad humana básica, los seres humanos la necesitamos para desarrollar nuestra vida, y hay una serie de condiciones que deben tomarse en cuenta a la hora de definir una vivienda digna. Primero que todo, un tamaño acorde a la cantidad de personas que habitan, condiciones que mantengan su habitabilidad en un clima de extremo frío, calor, lluvias o sismos. También que estén situadas en entornos sustentables ambientalmente, con áreas verdes y acceso a servicios y bienes básicos.
Si se aprobara este nuevo marco jurídico ¿Cuál considera usted que debe ser el rol del Estado en materia de vivienda?
Si consideramos la vivienda como un bien de primera necesidad, consideramos que al Estado le corresponde una responsabilidad fundamental para dar garantía de este derecho a todas las personas que residen en Chile, tanto extranjeras como chilenas. La primera necesidad es que todas las políticas que se desarrollen en materia de vivienda no discriminen a los ciudadanos extranjeros. No por el hecho de ser de otro país o no tener una cantidad de años de residencia definitiva, el derecho a la vivienda debe ser coartado. Desde una perspectiva humanitaria, el hecho de residir en el país debe ser suficiente para poder acceder a una vivienda digna, no hay forma de sustentar la vida sin algo tan básico como un techo que te cobije.
¿Qué medidas considera que se deben tomar en el corto y mediano plazo para la población migrante respecto a la vivienda?
Con este nuevo marco jurídico en proceso, la ley verá cómo deberán rearmarse las políticas de vivienda, es importante pensar en aspectos como un subsidio a la vivienda bajo la modalidad de arriendo protegido, intervención a los espacios habitacionales que se encuentran en condiciones precarias, también pensar en una política de viviendas de Estado que sean de precios acorde a los ingresos. Esto no debe tener nada distinto ni especial a la política de vivienda que se pueda pensar para la población nacional.
La población migrante, al estar en condiciones de tanta precariedad económica, no puede acceder a vivienda si no es a través de este tipo de mecanismos que podrían implementarse.
Autor: Javier Ilabaca.
Colaborador.
